El Gobierno nacional tomó esta semana una decisión sin precedentes: cerró la sala de prensa de la Casa Rosada y suspendió el acceso de todos los periodistas acreditados, en una medida que calificó como “preventiva por espionaje ilegal”. En paralelo, presentó una denuncia penal contra dos periodistas de TN por la difusión de un informe grabado dentro del palacio de gobierno.
Los denunciados son Luciana Geuna e Ignacio Salerno, integrantes del equipo del programa ¿Y mañana qué?, emitido el domingo pasado. Según la acusación, las imágenes del informe habrían sido registradas de manera furtiva y sin autorización, y mostrarían sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben permanecer bajo reserva.
La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la presunta divulgación de secretos políticos y militares. La producción del ciclo, por su parte, informó que está poniendo a disposición del juzgado el material en crudo de todas las grabaciones para demostrar que se realizaron en zonas comunes y de acuerdo a la normativa vigente.
El presidente Javier Milei, que se encontraba en Israel cuando se emitió el informe, no tardó en reaccionar. “BASURAS REPUGNANTES… Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, escribió en X, en línea con sus críticas habituales hacia sectores de la prensa.
El Gobierno prohibió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada
La decisión de cerrar la sala de prensa va más allá del episodio puntual. El Gobierno dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones de 2025 —que habían sido extendidas durante abril mientras se desarrollaba un nuevo proceso de empadronamiento— y dio de baja las huellas dactilares registradas. Ningún periodista podrá ingresar hasta que se habilite nuevamente el sistema, sin que el Ejecutivo haya precisado plazos ni condiciones para la normalización.
Entre los argumentos adicionales que esgrimió el Gobierno figura la supuesta operación de inteligencia rusa que habría incluido la publicación de notas periodísticas para desacreditar a la administración Milei durante 2024. El argumento se apoya en una investigación periodística internacional sobre documentos vinculados a una presunta red de difusión de contenidos en medios argentinos, aunque el propio informe reconoció que no pudo verificar pagos ni identificar destinatarios concretos.
La restricción se conoció pocas horas antes de que Milei recibiera al empresario estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y una de las figuras más influyentes de Silicon Valley.