Durante semanas, la esquina de Figueroa Alcorta al 700, en Godoy Cruz, fue escenario de un incesante desfile de autos y motos que no pasó desapercibido para los vecinos. Las denuncias hablaban de movimientos a cualquier hora, jóvenes que permanecían merodeando y vehículos que se detenían apenas unos minutos antes de retirarse.
Para los habitantes del sector, la vivienda funcionaba como un “aguantadero” y punto de venta de drogas en pequeñas cantidades. Esa sospecha terminó convirtiéndose en una investigación de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y hace pocos días dos detenidos terminaron confesando y siendo condenados por comercio de estupefacientes.
La causa estuvo divida en dos partes: tuvo un primer capítulo el 26 de mayo. A las 2.30, en la intersección de Ciudad de Viedma y Rioja del citado departamento, personal policial interceptó un Chevrolet Onix que circulaba con las luces apagadas.
El conductor fue identificado como Jonathan Abel Alan Puebla (33). Entre el asiento del acompañante y la puerta encontraron un bolso rojo con 320 gramos de cocaína. Debajo de los asientos había además 1.978.000 pesos de dudosa procedencia.
Básicamente, sospecharon que podría tratarse de dinero recaudado producto de la comercialización de sustancias ilegales. Ese procedimiento dio origen al primer expediente y dejó al descubierto una maniobra que no era aislada.
Casi tres meses después, el 12 de agosto, una nueva denuncia alertó que en la casa de Figueroa Alcorta 761 se vendían estupefacientes “a toda hora”. Efectivos de la PCN siguieron el caso de cerca y montaron vigilancias durante ocho días: el 14, 21, 22, 26 y 27 de agosto y el 8, 9 y 11 de septiembre para confirmar las sospechas.
Operativo desde el aire para desbaratar un aguantadero con venta de drogas en Godoy Cruz
Durante varios días, la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) mantuvo vigilada una vivienda de calle Figueroa Alcorta, en Godoy Cruz. Las denuncias de los vecinos eran persistentes: movimientos extraños, autos que entraban y salían a cualquier hora y jóvenes que se…
De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, se trataba de una causa sensible y hasta las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad y la Casa de Gobierno buscaban una solución a corto plazo, buscando terminar con las actividades ilegales en el sector.
Los efectivos observaron a Puebla y a otro hombre llamado Juan Pablo Fernández (44) realizar pases de manos con visitantes que llegaban a pie, en autos o incluso en taxi. También detectaron que utilizaban una Renault Trafic blanca para mover la sustancia y abastecer otros puntos de comercialización.
El 11 de septiembre, tras un intercambio con Puebla, un trabajador del volante fue requisado y se le incautó un envoltorio con 0,46 gramos de cocaína. Básicamente, era la prueba que necesitaban para allanar: habían confirmado la compra de estupefacientes.
Con esos elementos, un día después se ejecutaron los allanamientos en Figueroa Alcorta y en una casa vinculada en calle Vergara. En la primera propiedad hallaron 84 envoltorios de cocaína listos para la venta -46,9 gramos en total-, un paquete compacto con 20,8 gramos adicionales, otros envoltorios fraccionados que sumaban más de 38 gramos, marihuana, una balanza, molinillos, siete celulares y dinero en efectivo.
También secuestraron la Renault Trafic utilizada en la maniobra, además de otros vehículos. En la propiedad de Vergara dieron con más droga fraccionada y elementos de corte y pesaje. La escena confirmaba el esquema: fraccionamiento en pequeñas dosis, dinero en efectivo y logística para la distribución.
La instrucción determinó que Puebla era quien realizaba las ventas directas y concentraba la mayor cantidad de sustancia, mientras que Fernández colaboraba en la operatoria sin intervenir en la maniobra ejecutiva principal.
Ambos residían en los domicilios allanados y tenían la droga bajo su ámbito de custodia. La modalidad -envoltorios listos para la venta, efectivo y elementos de fraccionamiento- fue considerada por la Justicia como indicio claro de finalidad comercial.
El caso avanzó mediante un acuerdo pleno ante el Juzgado federal con funciones de Garantías N°2. Puebla fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión en modalidad domiciliaria por comercio de estupefacientes por los hechos de mayo y septiembre del año pasado. El cumplimiento en su domicilio fue autorizado por razones de salud, ya que debe realizarse diálisis tres veces por semana.
Juan Pablo Fernández, en tanto, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso como partícipe secundario en tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, deberá cumplir reglas de conducta y trabajos comunitarios.
El fallo, dictado por el juez Alberto Daniel Carelli luego de un acuerdo entre la fiscal del Área de Investigación y Litigio en Casos Sencillos, María Eugenia Abihaggle y la defensa, también dispuso el decomiso del dinero secuestrado, de los celulares, de la Renault Trafic utilizada en la maniobra y la destrucción de la droga incautada.