La jueza de Garantías Claudia Tula dictó este martes por la tarde la prisión preventiva al oficial inspector Sergio Joel Antúnez Ladino, acusado de liderar asociación ilícita y múltiples hechos de robo agravado. Sin embargo, la magistrada otorgó el beneficio de la detención domiciliaria luego de un pedido de la defensa, al considerar que el efectivo no presentaba riesgo de fuga ni antecedentes penales.
Antúnez, quien se desempeñaba en la Comisaría 44ª de Guaymallén, está señalado como uno de los jefes de una organización criminal que actuó de manera sostenida desde 2023 hasta comienzos de este año, junto al conocido delincuente Darío Emiliano Zuleta Sosa, alias “Huevo” o “Hitman”. Ambos quedaron imputados como organizadores de la banda, según la acusación impulsada por el fiscal de Robos y Hurtos José Manuel García Mango.
De acuerdo con fuentes del caso revelado por El Sol, la defensa del efectivo no objetó durante la audiencia de este martes la calificación legal ni las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que incluyen mensajes, registros telefónicos y seguimientos que lo vinculan directamente con la planificación de distintos asaltos.
Por ello, el debate se centró únicamente en su situación procesal del miembro de la fuerza. De todas formas, la juez entendió que existía entorpecimiento probatorio y por eso solo hizo lugar al pedido de domiciliaria.
En las próximas semanas, las defensas de los restantes imputados comenzarán a exponer sus argumentos antes de que la jueza Tula decida si seguirán detenidos o no durante la instrucción; o si también otorga este tipo de beneficios en la megacausa.
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El expediente tuvo un giro decisivo cuando los investigadores analizaron el celular secuestrado a Zuleta Sosa en un expediente conexo y descubrieron que tanto él como Antúnez mantenían una comunicación constante sobre movimientos policiales, posibles objetivos y logística de robos. Esa evidencia llevó al fiscal García Mango a reformular la acusación, colocando al policía y al delincuente en el mismo nivel jerárquico dentro de la estructura delictiva.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Antúnez aprovechaba su rol dentro de la fuerza para acceder a información sensible, como domicilios, rutinas y horarios de potenciales víctimas.
Además, habría colaborado en la liberación de zonas y en la utilización de elementos policiales, como chalecos o identificaciones, para garantizar que los golpes se concretaran sin interferencias.
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La organización investigada está compuesta por más de una docena de presuntos integrantes, varios de ellos detenidos en distintos procedimientos y otros aún prófugos.
Entre los acusados figuran Carlos Daniel Montoya, Leonardo Darío Salinas Pedroza, Jesús Sebastián Rodríguez Quiroga, Lucas Antonio Hernández Leyes, Miguel Osvaldo Cardozo, Joaquín Héctor Ledesma Prado, Marcos Pablo Ibarzabal Peinado, Alfredo Emmanuel Castellanos Villavicencio, Juan Eduardo Cabrera Mallon, Cintia Daniela Pizarro Gutiérrez, Jeremías Javier Riera Mendoza y Juan Alberto Chodiman Paillan, este último de nacionalidad chilena y detenido en mayo pasado.
La División Robos y Hurtos de Investigaciones, que realizó gran parte de los trabajos investigativos, atribuyó al grupo una serie de golpes en cadena, con un modus operandi sofisticado y una logística que evidenciaba planificación, coordinación y reparto de roles.
Entre los hechos más relevantes figura un robo en marzo de 2024 en una vivienda de calle Rosario Vera, otro en junio en calle Darwin —donde el botín incluyó 12.000 dólares, 2.500.000 pesos chilenos, un dron y equipos electrónicos— y un tercero en agosto en el barrio Unimev III, donde se llevaron una notebook y otros objetos, utilizando un Renault Logan rojo.
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La secuencia delictiva continuó este año con golpes de alto impacto. En marzo, en Rodeo del Medio (Maipú), los asaltantes ingresaron a una vivienda del barrio Vista de Elena y sustrajeron un millón de pesos, mil dólares y varios artículos electrónicos, huyendo en un Toyota Corolla con patente adulterada.
Días después, en Guaymallén, vulneraron un Volkswagen Vento mediante un inhibidor de alarmas y robaron dinero y documentación, utilizando luego una de las tarjetas sustraídas para comprar cuatro llantas de camioneta Toyota en Las Heras.
Otro episodio atribuido a la banda ocurrió en abril en la estación de servicio YPF San Sergio, de calle 25 de Mayo de Guaymallén, donde un grupo armado asaltó a los empleados de una empresa de seguridad mientras retiraban la recaudación.
Finalmente, el 1 de mayo, en el barrio cerrado La Bajada, los delincuentes se alzaron con 12.000.000 de pesos, 15.000 euros, 15.000 dólares y joyas, utilizando una Ford Territory negra. Este último caso es considerado uno de los más graves y complejos de la investigación.
El expediente madre absorbió otras causas de robos similares que se encontraban distribuidas en distintas fiscalías de Robos y Hurtos. Los pesquisas sospechan que la banda mantenía vínculos con ex policías y delincuentes de distintas nacionalidades, aunque descartaron cualquier relación con organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua, como surgió por la captura del chileno Chodiman Paillan.
La instrucción avanzó luego con 32 allanamientos simultáneos en distintas zonas del Gran Mendoza, principalmente en Guaymallén, donde se secuestraron armas, teléfonos celulares y objetos denunciados como robados, además de detener a diez sospechosos.