“Recibimos decenas de pedidos de informes. Termina representando una carga laboral que es muy grande y que distrae de otras funciones“, aseguró Rodolfo Montero, ministro de Salud, tras el fallo de la Suprema Corte que obliga al Gobierno provincial a dar datos sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Mendoza.
Sin embargo, a pesar de la queja del funcionario, las cifras oficiales marcan que la cartera sanitaria apenas recibió 16 solicitudes de información pública, lo que implica un 3% del total de los pedidos que se tramitaron en el primer semestre en la Oficina de Ética Pública.
En 2021 las organizaciones Amnistía Internacional y Libera Abogacía Feminista solicitaron a la cartera que en aquel entonces conducía Ana María Nadal, información sobre diferentes aspectos relacionados al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Como consideró que el Gobierno no brindó los datos pedidos, Amnistía Internacional presentó un recurso de incumplimiento ante la Oficina de Ética Pública. El organismo rechazó el reclamo; pero, finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló aquella resolución y ordenó al Ministerio de Salud a dar la información que pidieron las entidades.
En este contexto, fue que Montero planteó la necesidad de “discutir” si es razonable el tiempo que se destina a contestar cada uno de los informes que llegan. El ministro aseguró que “hay que tener un equilibrio para que no terminemos contestando que no hemos podido hacer nada porque estamos contestando informes.”.
Sin embargo, pese al reclamo de Montero, según los datos de Ética Pública de Mendoza, en el primer semestre de 2024, Salud recibió cerca de 16 pedidos de informe. Esto representa tan sólo el 3% del total de los pedidos de información pública (526) que se registraron durante este lapso.
Cuántos son los pedidos de información pública
Según la información suministrada por Ética Pública de Mendoza, en los primeros seis meses de este año hubo 526 pedidos de información pública. De ese total, 245 ingresaron de enero a marzo y 281 de abril a junio.
La Dirección General de Escuelas (DGE) fue el organismo más requerido, con 72 pedidos. Un número que se distancia de los 16 del Ministerio de Salud.
Desmenuzando, de enero a marzo de 2024, de los 245 pedidos que ingresaron, hubo 151 respuestas efectivas y 94 en gestión legal.
Por su parte, de abril a junio de este año, hubo 281 ingresos, con 264 respuestas efectivas y 7 en gestión legal.
El pedido de Salud
En conferencia de prensa, Rodolfo Montero afirmó que reciben “decenas de pedidos”, por lo que llamó a un “debate” para repensar la metodología para dar respuestas.
“Uno tiene toda la apertura para responder, pero recibimos decenas de pedidos de informe de la Legislatura, decenas de pedidos de informes de organizaciones en instituciones. Tenemos que dar el debate social de si es razonable; hay gente específica para responder, pero los funcionarios debemos revisar cada uno de los informes y requiere mucho tiempo“, mencionó.
En esta línea, Montero habló de establecer “mecanismos para no repetir 10 pedidos de informes distintos con el mismo tema“, aunque aseguró que todos los funcionarios deben explicar lo que hacen.
“Es voluntad del Gobierno y del Ministerio responder todo, pero tenemos que dar ese debate del volumen de pedidos de informes que termina representando una carga laboral para todo el equipo que es muy grande y que te distrae de otras funciones“, concluyó.
El fallo de la Suprema Corte
El 20 de septiembre de 2021, Amnistía Internacional y Líbera Abogacía Feminista presentaron un pedido de acceso a la información pública con el fin de contar con información sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en la provincia.
Concretamente, se solicitaron datos de lo siguiente:
- Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.
- Campañas.
- Organización del sistema de salud público local para garantizar la IVE/ILE.
- Supervisión, Fiscalización y Control de los efectores de salud privados y de la seguridad social bajo su jurisdicción.
- Garantía de acceso a la ILE/IVE.
Sin embargo, desde las agrupaciones expresaron que no se respondieron todos los puntos o que hubo respuestas poco claras, por lo que presentaron un recurso de incumplimiento, que posteriormente la Oficina de Ética Pública rechazó.
Ante esta situación, se interpuso una acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En ese ámbito, la Sala Segunda -con las firmas de Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio– finalmente dispuso que el Ministerio de Salud tiene que cumplir con la “obligación estatal de brindar información pública completa, adecuada y veraz“, completando y/o corrigiendo las imprecisiones y omisiones.
Acerca de la Información Pública
En Mendoza rige la ley 9.070 de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es “regular los mecanismos de acceso a la información pública, estableciendo el marco general de desarrollo y procedimientos para su solicitud, y de la publicidad activa de los actos de gobierno que garanticen la transparencia, fomentando el Estado Abierto”.
En tal sentido, la normativa local destaca que el derecho de acceso a la información pública “comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados”.
La ley 9.070 fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras legislativas (obtuvo su sanción definitiva el 30 de mayo de 2018). Fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 7 de junio de ese año.
La encargada de velar por el cumplimiento de la normativa provincial es la Auditoría de Ética Pública, creada el 14 de mayo 2018, en el primer mandato de Alfredo Cornejo. Desde ese momento es encabezada por Gabriel Balsells Miró.
“Su tarea esencial es regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública, y que se caracteriza por el responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño”, advierte el organismo en su sitio web.
La norma alcanza obligatoriamente a:
- Las distintas unidades que conforman el Poder Ejecutivo.
- Los entes descentralizados y autárquicos.
- Las empresas y sociedades con participación del Estado, entes residuales y todas las organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación.
- El Poder Legislativo.
- El Poder Judicial (incluyendo Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal).
- La Fiscalía de Estado.
- El Tribunal de Cuentas.
- El Departamento General de Irrigación.
- Todo prestatario o concesionario de servicios públicos o que explote un dominio público.
- Toda entidad privada o pública que por tiempo determinado, encomendada por el Estado, realiza la organización y el funcionamiento de un servicio público o explotación de un dominio público.
La Constitución Nacional también reconoce el derecho de acceso a la información pública a través de los tratados sobre Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22, y en los principios del artículo 14.