Mientras la Justicia penal investiga las presuntas irregularidades cometidas por el inspector de cauce Alejandro Currenti, el Departamento General de Irrigación (DGI) resolvió días atrás evitar la sanción más dura: la destitución. En cambio, se decidió suspenderlo en sus funciones durante 30 días por una razón, según indicaron desde ese mismo organismo, puramente discrecional.
Currenti es el funcionario elegido democráticamente por los regantes de Los Corralitos para realizar obras en esa zona de Guaymallén con fondos que son otorgados por el DGI. Sin embargo, los balances del ejercicio contable 2021 fueron negativos, porque el funcionario no presentó documentos que respaldaran cómo gastó los recursos que le dio Irrigación y que, en alguna medida, es plata que tiene que volver a los regantes en obras concretas y verificables.
La situación se venía discutiendo desde el año pasado y estalló políticamente hace semanas con la resolución del Honorable Tribunal Administrativo (HTA), el órgano de control interno de Irrigación.
Desde el organismo comandado por Sergio Marinelli explicaron que la decisión de suspenderlo fue “discrecional” ya que no hay un reglamento que regule qué tipo de sanciones se deben aplicar de acuerdo con la falta que cometan los inspectores.
Las sanciones pueden ir desde un simple llamado de atención a una multa, una suspensión, la destitución o incluso la inhabilitación para ocupar el cargo por un periodo de determinado de tiempo.
Para interpretar el fallo hay que observar también cómo se compone el HTA, que revisa lo actuado en cada cuenca. Lo encabeza Marinelli, que va por su segundo mandato luego de que fuera elegido por el gobernador Alfredo Cornejo. Luego, están los representantes de cada cuenca: Alejandro Gennari (río Mendoza), Eloy Guerrero (Tunuyán Inferior), Omar Sorroche (Tunuyán Superior), Gustavo Ruiz (Diamante), Gustavo Villegas (Atuel).
Sorroche, Ruíz y Villegas son nombres identificados en el cornejismo, con paso por la Legislaturua. Gennari, en tanto, es un funcionario de carrera que más de una vez fue nombrado para el cargo de intendente del organismo. Y, finalmente, Guerrero, el empresario del Este que también ha sido inspector de cauce y sabe cómo se manejan los expedientes y las obras.
Por lo que pudo trascender, Guerrero era el más contrariado con la cadena de irregularidades de Currenti.
Si bien el HTA se inclinó por la suspensión, Currenti también tendrá que devolver los fondos de remanentes no invertidos, con intereses desde el 4 de octubre de 2022, fecha de la última entrega que se hizo a la inspección de cauce. La cifra exacta es de $1.368.232,74.
Ahora bien, la pregunta es por qué el HTA no aplicó un castigo más duro. La explicación que dieron en el organismo de aguas es que aunque se detectaron “procedimientos administrativos irregulares“, no se halló ningún tipo de daño económico a los regantes de la zona. Y ampliaron: “El HTA halló culpable sólo a Currenti y sobreseyó al cuadro de delegados. Por este motivo se decidió suspender al inspector por un plazo de 60 días hábiles”.
La otra medida que podría haber determinado el Tribunal era la intervención. Pero esa salida más política también fue evitada. “Su lugar -por Currenti- fue ocupado por el uno de los integrantes de cuadro de delegados”, justificaron desde el DGI.
La explicación del HTA va en sintonía con la defensa que el exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien aseguró que Currenti “en ningún momento cometió un ilícito”.
Iglesias, actual senador provincial. aparece involucrado en este escándalo por los acuerdos que el inspector denunciado realizó con la Municipalidad en la gestión anterior. Desde Guaymallén aseguraron que actualmente ya no tienen acuerdo con la inspección de cauce de Corralitos.
“Irrigación le entregaba los fondos por un tiempo determinado, que fueron utilizados en obras que duraban mucho más. Entonces, tendría que haber informado de esa situación“, sostuvo por su parte Iglesias.
Además de la suspensión y la pena económica, el DGI también hizo la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Ticheli.
Currenti volverá a su puesto de trabajo una vez que finalice el periodo de suspensión, a menos que haya un avance importante en la investigación penal, lo cual podría hacer que el HTA decida endurecer la sanción contra el inspector.
Cómo es el control
Los recursos y las obras que realizan las diferentes inspecciones de cauce tienen incorporado un “triple control” en la dinámica institucional de Irrigación.
El primero es realizado por la comisión de vigilancia compuesta por regantes elegidos por voto popular. Una vez efectuado, se redacta un documento que es enviado para su aprobación a Dirección de Fiscalización del HTA de Irrigación.
Después, el Tribunal de Cuentas audita a la DGI, en donde están incluidos todos los movimientos del organismo.
Hubo una alarma previa a todo esto. Precisamente, la Dirección de Fiscalización le llamó la atención al inspector porque, en los papeles, los gastos no cerraban de acuerdo con lo proyectado y a lo invertido. Sin embargo, Currenti fue demorando las respuestas, hasta que fue difícil justificarlo en el organismo que dirige Marinelli.
En el caso de Currenti, fue recién el Tribunal de Cuentas el que detectó faltante de comprobantes en la rendición de cuentas de Irrigación, lo cual fue dado a conocer en el fallo 18.013 del organismo.
El Tribunal de Cuentas, encabezado por el radical Néstor Parés, devolvió el informe a Irrigación para que investigue qué pasó con esos fondos.
Fue de esta manera que el HTA activó una auditoría interna en la que se decidió que “tenga que devolver los $1.368.232,74 en fondos de remanentes no invertidos, en vista a la investigación que ha realizado el HTA sobre irregularidades administrativas vinculadas a obras que se realizaron en el departamento de Guaymallén”.
En tanto, desde Fiscalía de Estado aseguraron que el ámbito natural de estas denuncias es el fuero penal, aunque señalaron que una vez que se presente ante la Justicia esta denuncia, “seguramente se instruya como querellante de la causa”.
La preocupación de los regantes
La situación, que viene del año pasado, ha generado preocupación en los regantes de Corralitos porque pagaron la mano de obra para que se realizaran estos trabajos de canalización en su propiedad, pero que nunca se concretaron.
El malestar de los regantes, que son los que eligen por el voto democrático a los inspectores, contradice a su vez las explicaciones que dieron desde el DGI sobre el perjuicio a los contribuyentes.
“Yo ya tengo pagada toda la canalización de la acequia del costado de mi propiedad. Cuando ví que no se hacía, pregunté que pasaba y me dijeron que un día empezaba, después me decía que otro y nada. Pasaron hace dos años de esto. Lo peor de todo es que en Facebook salía como que ya estaban terminados los trabajos. Me garcaron y somos vecinos”, contó uno de los regantes que agregó que lo “único que espera” es que le devuelvan “los 50 mil pesos que pagué“, aunque admite que “será difícil que ocurra”.
El concejal de Guaymallén, perteneciente al Frente de Todos, José Pozzoli, aseguró que motorizará una denuncia penal en contra de Currenti, pero admitió que también buscarán revisar las obras que se hicieron con fondos municipales para corroborar que no haya habido defraudación al fisco, ni a los vecinos con el dinero que aportaron.
“Nosotros no decimos que haya irregularidades. Pero hay números que no nos cierran. Por ejemplo, el municipio le daba 1.500 litros de gasoil por semana a granel a la inspección de cauce, son 6.000 litros al mes. Cuantas máquinas tenés que usar para gastar eso. Además, estas obras cuestan mucha plata, el municipio puso mucha plata, según nuestro calculos, cerca de 10 mil millones de pesos. Es mucha plata y es de los vecinos. Vamos a auditar todo lo que haya que hacer” , aseguró el concejal.