Por fuera de los problemas que produce una economía en proceso de recalibración de precios, el mayor problema de los mendocinos es la inseguridad. Dado que no se puede tapar el sol con las manos, las autoridades provinciales han reconocido que tienen un problema caliente en las manos de difícil y compleja resolución, en algunos casos.
Es cierto que lo económico impacta en el tejido social y hasta determina algunas modalidades delictivas, como los hurtos de materiales que se puedan revender en chacaritas. Pero hay cuestiones que se pueden resolver en el ámbito de decisiones que le tocan a la Provincia. Y esas decisiones involucran de manera más decisiva al Poder Ejecutivo, por un lado, y al Poder Judicial, por el otro.
Sólo con la Policía no se resuelve la inseguridad. Por supuesto que es importante contar con los policías a mano y con los recursos necesarios para enfrentar a los delicuentes en el momento de la emergencia. Pero también es necesario disponer de buenos fiscales que investiguen, que pidan medidas y que no regulen para la instancia posterior -en el caso de que los potenciales sospechosos ya fueron detenidos-.
Los fiscales son la columna vertebral de ese proceso en el que las víctimas piden justicia, reparo y que el sistema no permita la impunidad, que es una de las peores sensaciones. El Gobierno provincial ha manifestado que hay mucha información disponible para ser compartida con la pata acusatoria de la Justicia penal. Esa información, que se ha construido con paciencia, con inteligencia e inversión no puede quedar en la nada a la hora de desarticular bandas, prevenir nuevas modalidades delictivas y, finalmente, llegar a la instancia del debate para probar y encarcelar si las cosas se han hecho bien.
El gobernador dio un ejemplo de lo proactiva que tiene que estar la Justicia en estos momentos. Aseguró que en los allanamientos en Campo Papa también estaban presentes los jueces de garantías. No es lo mismo, claramente, avanzar hacia un operativo de semejantes dimensiones si estos magistrados se hubieran quedado en sus despachos. En otras palabras, los funcionarios judiciales que toman las decisiones no pueden quedarse en sus cómodas sillas. Esa es la Justicia que se requiere para estos tiempos de degradación social.