Mientras se investiga por qué personas que viajaron al exterior cobraron la asistencia social del Estado, ahora el fiscal Guillermo Marijuan quiere determinar si hubo empleados de planta, contratados o bajo otra modalidad por los gobiernos provinciales que percibieron el Potenciar Trabajo, cuando no correspondía. Y por ello envió un oficio a los gobernadores para cruzar información.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) pidió saber de manera inmediata la nomina de la totalidad de empleados de cada Provincia, entre ellos, los que “están en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral, bajo cualquier tipo de modalidad“.
La hipótesis de Marijuan es que hay empleados que cobraron de manera irregular este tipo de asistencia creada por el Gobierno nacional durante la pandemia, pero que sólo podían recibir aquellos trabajadores de empresas “en alto riesgo o estado de vulnerabilidad”.
El oficio que envió a los gobernadores es el mismo para todos. Tras la presentación, señala que la requisitoria a las jurisdicciones se da “en el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón Nro. 234758/2023, en la que se investiga la posible incompatibilidad relativa a personas empleadas bajo cualquier modalidad laboral por esa gobernación que figuren en la base de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.
En concreto, les pide a los mandatarios como el mendocino Rodolfo Suarez que “de manera inmediata, ponga a disposición de la titular del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), Licenciada Florencia Espinosa, la nómina conteniendo los datos de la totalidad de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral, bajo cualquier tipo de modalidad, con ese gobierno provincial para que se proceda a su entrecruzamiento con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que ya se encuentra en poder de ese organismo nacional“.
Marijuan también quiere saber si las intendencias “tienen algún tipo de modalidad contractual o laboral con personas que no dependan del gobierno provincial”.
El fiscal considera que existe “un absoluto descontrol sobre los planes”. Marijuan ya había solicitado a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, la baja de 159.919 titulares del Potenciar Trabajo porque confirmó que desde el 2020 “reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”.
Esos casi 160 mil titulares solamente representan una erogación para el Estado nacional de 10 mil millones de pesos.
En otras palabras, el fiscal Marijuan quiere determinar si la política ha utilizado esta herramienta de la asistencia social para financiarse.
Con información de Infobae.
