“Yo robo para la corona”. El periodista Horacio Verbitsky le atribuyó a José Luis Manzano esa famosa frase en 1990, en los comienzos del Menemato, con la que el por entonces presidente del bloque de diputados nacionales del PJ buscaba minimizar la corrupción que empezaba a emerger.

Hábil e implacable, el “Chupete” se convirtió un año después en ministro del Interior. Impulsó las privatizaciones pero duró poco en el cargo: en diciembre de 1992, con una alta imagen negativa, se retiró definitivamente la política pública y se autoexilió en Estados Unidos, donde comenzó a forjar su carrera empresaria.

En 1995 fundó Integra Capital en Washington, con la que creó un imperio con participación en diferentes sectores: desde medios de comunicación a energía, vitivinicultura, petróleo y, recientemente, minería. Su desembarco en la mina PRC, que según fuentes del gobierno provincial se produjo junto a su histórico socio Daniel Vila, es su última apuesta en Mendoza.

Hoy, a los 67 años –nació el 9 de marzo de 1956 en Tupungato-, Manzano mantiene fuertes vínculos con ambos lados de la grieta. Cultor del bajo perfil, se perfeccionó como un operador en las sombras que, cada tanto, se ve obligado a asomar su cabeza y tomar protagonismo público por sus negocios. Pasó a nivel nacional con la compra de la distribuidora eléctrica Edenor, a fines de 2020, y ahora en su provincia con la concesión de la mina de potasio en Malargüe.

No es la primera vez que “vuelve” a Mendoza. Buscando ser profeta en su tierra, alguna vez se le cruzó por la cabeza la idea de pugnar por la gobernación, pero fue rápidamente descartada por su imagen ligada a la corrupción. Entonces mantuvo su perfil empresario y gracias a su poder de lobby, influencia y presión, logró acceder a importantes concesiones y beneficios –muchas veces no del todo transparentadas- en la provincia, con diferentes gobernantes.

Por ejemplo, en 2006, junto con Vila, ingresó al negocio eléctrico a través de la compra de una participación en Edemsa, la principal distribuidora de energía provincial. Hoy manejan la empresa con la que lograron negociar con el Gobierno nacional una gran quita en su deuda superior a los 11.300 millones de pesos, con importantes facilidades de pago.

Ese acuerdo ya fue anunciado pero Edemsa aún no lo firma, buscando mejores condiciones. Del otro lado de la mesa de negociación se sientan funcionarios que responden al ministro de Economía y precandidato presidencial del peronismo Sergio Massa, amigo personal de Vila y Manzano.

Edemsa también amenazó a la administración de Rodolfo Suarez con una millonaria demanda internacional por los atrasos tarifarios. Tras una larga negociación, Manzano y Vila consiguieron ampliar la concesión por 20 años más (hasta 2048), la reducción del canon que deben pagar y financiar con aumentos de tarifas el plan de obras que tienen que realizar. A cambio, renunciaron a todos los juicios iniciados.

El Gobierno provincial celebró y destacó el acuerdo. En Edemsa se festejó aún más.
Ahora, para quedarse con la mina de Potasio, la empresa Minera Aguilar (integrante de Integra Capital, la nave insignia de Manzano) propuso fuertes inversiones y garantías, en un plazo menor al de sus rivales. También influyeron los antecedentes en la actividad minera.

Sin embargo, existen antecedentes del exministro del Interior haciendo negocios con el Gobierno mendocino, bajo condiciones o promesas similares, que terminaron mucho mejor para la parte privada que para el Estado.

En 2006, se lanzó una licitación para adjudicar once áreas petroleras secundarias, que estuvo plagada de contratiempos, cuestionamientos administrativos y postergaciones. El radical Julio Cobos era el gobernador que la dio por caída en abril de 2007, a raíz de una serie de irregularidades y por la presunta presión de algunas compañías interesadas en hacerlo fracasar. Al año siguiente se abrió nuevamente la licitación que estuvo direccionada para favorecer a empresas locales.

Las adjudicó en mayo del 2008 el justicialista Celso Jaque, quien agregó por decreto una excepción, flexibilizando las condiciones de adjudicación. En el pliego figuraba que ninguna compañía podía quedarse con más de cinco áreas pero el Gobierno otorgó siete a Ketsal-Killwer, controlada por Manzano y Vila.

La empresa, sin importantes antecedentes petroleros en esa época, se quedó con los yacimientos Pampa del Sebo, Zampal Oeste, Ñacuñán, Malargüe, San Rafael, Coirón I y II y Chachahuén, la estrella de esa licitación, por los que ofertó invertir en conjunto cerca de US$ 200 millones.

Pero la inversión fue prácticamente nula. En parte porque el Gobierno demoró llamativamente la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que se obtuvo recién en 2010. Ese plazo fue aprovechado por Ketsal-Killwer para buscar y encontrar socios. Entre ellos apareció YPF, cuando aún era privada, que compró los derechos de Chachahuén. En concreto, se convirtió en el mayor accionista de la sociedad y operador del área. Esta suerte de negocio inmobiliario se replicó con Ñacuñán, Pampa del Sebo, Zampal Norte y San Rafael.

Para que no se repita la historia, en el caso de PRC el Gobierno estableció una cláusula de garantía a su favor. “El contrato también incluye que la provincia retenga el 12% de las acciones maximizando su beneficio, más las regalías del caso“, anunció Suarez. Sólo el tiempo dirá si, esta vez, los beneficios son compartidos o si nuevamente se inclinarán para un sólo sector.