El pasado jueves, los hinchas de Independiente nos sentamos a escuchar atentamente cómo un influencer de 30 años explicaba su plan para salvar al club. Las palabras fideicomiso y transparencia dominaron la conferencia de prensa dónde Santiago Maratea respondía con una simpleza elogiable las lógicas dudas y sospechas detrás de una movida inédita. Dejó en claro que los hinchas podíamos confiar en él o no. Y sí lo hacíamos, quedaba en nuestras manos la decisión de aportar dinero para pagar las deudas del Rojo. Así logró reunir más de 500 millones de pesos en un día. Y la cuenta sigue subiendo.

Un día después, los mendocinos escuchamos de nuevo la palabra fideicomiso. Fue cuando nos enteramos de que el Gobierno de Rodolfo Suarez había resguardado parte de los dólares destinados a la construcción de Portezuelo del Viento u otras obras hídricas en una cuenta en el Banco de Nueva York. Porque, a diferencia de Maratea, no hubo funcionario que se sentara frente a las cámaras y los micrófonos para explicar la operación. Y recién la admitió tras una endeble y mediática denuncia opositora que, sin embargo, cumplió con su principal objetivo: exponer la presunta falta de claridad del Ejecutivo en el manejo de fondos públicos.

Mentir no es igual a no decir toda la verdad. Es probable que el Gobierno haya pecado por lo segundo. No existió delito, aparentemente, porque la operación fue blanqueada en un decreto demasiado general y en una licitación pública para contratar agentes de inversión.

Portezuelo del Viento es uno de los principales argumentos de la administración suarista en su lucha contra la discriminación que sufre por parte de la Casa Rosada. Se dijo y se escribió de todo, excepto la decisión de contratar Agentes de Liquidación y Compensación (ACyL) “que funcionan como intermediarios para poder alcanzar el objetivo de preservar el valor de la moneda”.

El Gobierno afirma que no escondió nada porque el decreto y la licitación fueron publicados en el Boletín Oficial. Y es cierto. Además jura que se trató de una estrategia para proteger a los fondos de la inflación y de la inseguridad jurídica; que el dinero está disponible inmediatamente cuando sea necesario; que el rendimiento de las inversiones libres de riesgo es superior al 4%; y que si Alberto Fernández no frenaba la obra, nada de esto ocurría porque Portezuelo del Viento ya hubiese estado en marcha.

Financiera y políticamente son razones más que entendibles y seguramente beneficiosas para la Provincia. Hasta el sentido común las avala.

Si la medida estuvo dentro de la ley, lo tendrá que decir la Justicia. Aquí el conflicto es otro, tal vez más ético que legal: el secretismo con el que se mueve un Estado que abusa de una confidencialidad (Declaraciones Juradas antiguas, Edemsa y Potasio Río Colorado, por ejemplo), que deja malherida a la transparencia.