La Cámara de Diputados también se hizo eco del conflicto por las tierras del sur de Mendoza que la Nación cedió a comunidades autodenominadas mapuches. El PRO pidió que la Justicia investigue al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mientras que el radicalismo manifestó su apoyo al reclamo que iniciará el Gobierno.
Este miércoles, al retomar las sesiones en la Legislatura, el bloque “amarillo” presentó un proyecto de declaración pidiendo que se declare que “el pueblo mapuche no es originario del territorio provincial” y que, por eso, “no puede invocar derechos ancestrales en Mendoza“.
De esta manera, el PRO, que en las próximas semanas deberá definir si continúa siendo aliado de Cambia Mendoza de cara a las elecciones de este año, coincidió con la Unión Cívica Radical en rechazar las resoluciones nacionales a favor de las comunidades “El Sosneado”, en San Rafael, y “Suyai Levfu”, en Malargüe.
Según indicó el presidente del bloque PRO en la Cámara Baja, el diputado Gustavo Cairo, la inicativa también establece que se “analice la conducta de las autoridades del INAI para determinar si han incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por haber otorgado tierras en el sur provincial”.
“Consideramos improcedente cualquier reclamo de comunidades mapuches alegando supuestos derechos ancestrales, pero nos preocupa aún más la conducta de las autoridades nacionales del INAI, que con total irresponsabilidad, dictaron resoluciones infundadas que afectan la seguridad jurídica y la convivencia en nuestra provincia”, afirmó el legislador.
Por su parte, los diputados radicales presentaron un proyecto de resolución con el rechazo a las disposiciones del INAI y el beneplácito a las acciones instruidas por el gobernador Rodolfo Suarez a la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
El Ejecutivo analiza hacer un reclamo ante la Nación, por vía administrativa, por la falta de personería jurídica de las comunidades, y la ausencia de intervención provincial y de claridad en las mediciones catastrales respecto a las tierras. También podría optar por ir a la Corte y a la Justicia Federal para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones.