El 29 de diciembre el gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto para refinanciar la deuda de la provincia a través de una interpretación de la Ley de Administración Financiera para no tener que pasar por la Legislatura, donde la oposición se niega a aprobarlo. A raíz de eso, el peronismo denunció la maniobra ante la Suprema Corte y también pedirán a la Nación que no los habilite a emitir títulos públicos.
A raíz de esto, desde el Ejecutivo salieron a defender la estrategia y cargaron contra la oposición.
“La Cámpora y el justicialismo no quieren que a Mendoza le vaya bien. Le están mintiendo a la gente porque incluso el dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, dice que es conveniente la operación”, manifestó el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
En primer lugar, el ministro explicó que el decreto hace lo mismo que “todos los Estados y empresas del mundo”.
“Cuando uno es un buen deudor, cumple con sus obligaciones, y le dan la posibilidad de refinanciar la deuda a un valor menor, lo hace”, sostuvo.
El funcionario de Rodolfo Suarez explicó que con ese “roll over”, (refinanciación en mejores condiciones), brinda la posibilidad de recibir un préstamo en pesos a tasas favorables para cancelar la deuda en dólares.
“No es beneficioso solo para el Estado y el stock de la deuda, sino para toda la ciudadanía porque permite al Estado estar ordenado en sus cuentas y gastar menos plata”, insistió Ibañez.
En cuanto a la interpretación de la Constitución, el funcionario hizo referencia al artículo 41 de la Carta Magna, que menciona que se necesitan los dos tercios de ambas cámaras para tomar deuda. Sin embargo, aclaró que esta operación está fundada en los artículos 64 y 68 de la Ley de Administración Financiera que fueron aprobados por las dos terceras partes del Senado y de Diputados.
“No hay en el decreto un acto del gobernador contrario a la Constitución. Lo que hay es un acto que favorece a la provincia de Mendoza, fundado en una ley cuyas mayorías son las que establece la Constitución”, añadió Ibañez.
Con estos argumentos, el Ejecutivo se mantendrá firme en su postura, confiado en los dictámenes favorables de Asesoría de Gobierno y de Hacienda. Pese a que el tema se judicializó, la intención es avanzar para no perder la “oportunidad” de mejorar el stock de la deuda, a menos que haya una resolución judicial contraria.