Nadie ha dicho jamás que gobernar sea una cosa de chicos ni que signifique andar por caminos de rosas, sin espinas y en medio de halagos constantes. Pero ¿cuándo fue que todo pareció irse al demonio para llegar a un estado de situación de quietud y de parálisis tal en donde el conflicto constante y permanente se ha transformado en la regla, más que en la excepción?

¿Cuándo fue que Mendoza tomó la decisión de dejar de buscar los acuerdos y tener como meta un mínimo de coincidencias básicas?

¿Cuándo fue que la búsqueda de los consensos detrás de un fin específico, que ha significado, claro, el tener que pasar por esfuerzos angustiantes y trabajos más que azarosos, pero que una vez alcanzados dejaron al descubierto el éxito y él o los beneficios para la mayoría?

¿Cuándo fue que se dejó de lado el sacrificio de un trabajo intelectual y racional, civilizado y con mucho sentido común, para darle paso a un modelo de discusión y de relaciones políticas que hoy se sustenta en la ordinariez y en la falta absoluta de criterios comunes?

¿Cuándo fue que Mendoza y el país dejaron de pensar? ¿cuándo fue que se dejó la alta política para darle paso a la politiquería berreta, al cachivache este en donde quien grita más fuerte o a quien se le ocurre el más grande de los disparates de pronto se convierte en lo más aclamado, vitoreado y festejado?

Ya se sabe de sobra lo que está ocurriendo en el país. La intención es poner el foco en Mendoza. El gobernador Rodolfo Suarez acaba de firmar un decreto por el cual, manu militari pareciera, decide activar el mecanismo para emitir bonos en moneda local por una suma de 81,5 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de deuda del 2023. La Fiscalía de Estado, en un dictamen no vinculante, ya le había advertido al Ejecutivo que llevar adelante la maniobra podría colocarlo a las puertas de una demanda por violar la letra de la Constitución que ordena la necesaria aprobación de una ley sancionada con una mayoría especial de la Legislatura, es decir, con los dos tercios de ambas cámaras. Se descarta, desde ya, que la oposición irá a la Justicia, porque era lo que, finalmente, esperaba. Obvio: una vez conocido el decreto publicado en el Boletín Oficial, los principales referentes del peronismo, junto con algunos de sus socios o allegados, se amontonaron en Twitter para condenar el hecho y para lanzar las conocidas conjeturas y especulaciones previas respecto de que tanto la Justicia como los medios protegerán al gobierno en ese camino, porque a la prepotencia en el Gobierno de Mendoza se le ha sumado la impunidad. De manual.

Cuando menos han pasado tres lustros desde que los gritos, las chapucerías, las trampas y todo tipo de gilada más cerca de un espectáculo circense que de un debate político de alto nivel ha copado la parada en la provincia. Ha coincidido, claro está, con la clausura de los pretendidos consensos y acuerdos, absolutamente necesarios, de las fuerzas políticas a nivel nacional. Con lo que Mendoza no pudo escapar a ese destino oscuro y denigrante.

El peronismo, resentido por los golpes impiadosos del cornejismo durante la última administración de Gobierno provincial que protagonizó, ha dado vía libre a los espasmos de la bronca. Entiende que Cornejo y sus fuerzas legislativas asfixiaron una gestión, la de Francisco Pérez, de manera injusta y sin sentido alguno, obviando que muchas de las decisiones asumidas por aquel gobierno estuvieron enmarcadas en un estado de delirio constante. Un Pérez, hay que decirlo también, que había sido abandonado y olvidado por un gobierno del mismo color que reinaba en la Nación y que se había dispuesto, obnubilado por los votos del 2011, a “ir por todo”, con todo y contra todo.

El peronismo se solaza con el hecho de no permitirle el roleo de la deuda a Suarez. No es la primera vez. Es la forma que ha conseguido para exteriorizar aquella patada al hígado de Cornejo y los suyos durante los últimos dos años de Pérez en la Gobernación. Y la manera que tiene de decirles a los mendocinos, los que hace más de diez años que no lo acompañan en las urnas, que estamos como estamos por “el endeudamiento de Cornejo” en dólares. Un pasivo provincial que coincidió con el asumido a nivel nacional por el gobierno de Mauricio Macri y que ambos, hasta el día de hoy, tanto Cornejo como el líder del Pro, justifican por el quebranto al que se condujo al país y a la provincia en aquellas administraciones peronistas.

El fracaso político, como está visto, ha conducido a la inoperancia en algunos casos y a la parálisis en otros. Inoperancia, parálisis y el nulo diálogo entre oficialistas y opositores explican la anormalidad institucional en la que se vive por los resultados, más que por un mal funcionamiento de la república. La judicialización de la política es otra de las consecuencias, provocando que el Poder Judicial y la Corte, su órgano de máxima de autoridad, estén hoy apuntados por unos y otros. Entonces ha sido más fácil entregarle la responsablidad de gestión a los jueces y magistrados del más alto tribunal de Justicia, para incinerarlos en la plaza pública cuando sus decisiones no son compartidas por una política holgazana, e irresponsable, incapaz de alcanzar acuerdos y mucho menos de ir a buscarlos.