Dime con quién y cómo negocias y te diré que tipo de gobierno tienes…

Hasta el conflicto con los docentes, la gestión de Rodolfo Suarez había sabido capear los diferentes temporales que se le pusieron enfrente; incluso, la cuestión minera, luego de ese levantamiento popular de diciembre de 2019, cuando estaba recién asumido y tuvo que lidiar con una manifestación pocas veces vista en Mendoza. Ya meses más tarde y con el tema resuelto, se sabría que a las expresiones populares espontáneas se sumaron movimientos políticos y sociales financiados desde el extranjero. Pero esa es otra historia.

El gobernador mendocino no es muy diferente al resto de la dirigencia argentina. Evita las decisiones políticas mal vistas, a pesar de que lo impopular no siempre implica que no se persiga el bienestar general. Las metas a mediano y largo plazo no germinan en Argentina. Y Mendoza no tiene por qué ser una excepción.

El reclamo del SUTE encontró al Ejecutivo local montado en un altar de superioridad del que le costó bajar. No es novedad, la oposición provincial tiene poco que ofrecer. Su pasado la condena y desde 2011 estuvo tan confundida por saber si debía responder o no al kirchnerismo que fue incapaz de construir una figura sólida y sin manchas. Por eso, en Cambia Mendoza (sobre todo en la parte radical) todos se acomodan para ver si pueden sentarse en el sillón de San Martín en el 2023. Es una interna interesante, aunque de mentirita. Todos saben perfectamente que, si Alfredo Cornejo se baja de su proyecto nacional y decide volver a competir por la gobernación, al resto no le quedará más remedio que salir a negociar lugares en las listas para no quedar sin empleo.

Suarez se sacó de encima la polémica sobre la minería. Más allá de los coqueteos discursivos con empresarios y de la posibilidad de desarrollar proyectos dentro de la legislación vigente, es una pelea que no está dispuesto a dar.

Como con la acción le fue mal, apostó a la reacción. El extraño caso del que pega segundo y terminar triunfando. Y pudo hacerlo gracias a la impericia, a las trapisondas y al desconcierto del gobierno nacional. Todo lo malo de la Casa Rosada fue capitalizado por oposición por el gobierno mendocino. Así pasó con la pandemia, así pasó con Portezuelo del Viento y así pasó con el desastre económico.

Victimizarse o echarle la culpa a los demás se convirtió en una gran estrategia política. Y si encima las encuestas acompañaban, para qué cambiar.

Suarez quiso levantar el perfil de su gestión y mostrar algo de sensibilidad ante el descalabro financiero que golpea en la vida cotidiana. Anunció el pago adelantado de una cuota del aumento negociado en marzo y decidió reabrir paritarias dos meses antes de lo previsto. Imaginó que la noticia iba a ser recibida con gracia y beneplácito por parte de los gremios estatales. Nada de eso pasó. Básicamente, porque, se sabe, el asado de obra nunca hay pagarlo antes de que la casa esté terminada.

Esta nueva versión del SUTE había puesto en marcha todo el aparato propagandístico con un único objetivo: poner en aprietos al gobernador. Antes de siquiera ir a negociar ya se había programado un paro por 48 horas que, vaya coincidencia, estiraría las vacaciones de invierno dos días. Entonces, la construcción del relato resultó perfecta: esta vez, los padres acompañan el reclamo docente. Y así empezaron a esparcirlo por redes sociales y por cuanto grupo de WhatsApp al que tuvieran acceso. Tanto, que se convirtió casi en una verdad que se confirmaría, días más tarde, con una marcha absolutamente masiva que le bajó las ínfulas a varios funcionarios y muchos de los que estaban peinándose para la foto de la campaña 2023.

“El gremio es kirchnerista”, acusaron desde el Ejecutivo, como si se tratara de una epifanía. Al parecer, eran los únicos que no lo habían advertido. Las rispideces se veían venir desde que Carina Sedano y Gustavo Correa ganaron la conducción del SUTE en diciembre del año pasado. La sorpresa, en realidad, fue que hayan aceptado la propuesta de las paritarias en marzo. Eso debe haber descolocado al Gobierno y le hizo bajar la guardia. Para cuando se dio cuenta, ya tenía cinco días de paro adentro.

Aquella conferencia de prensa con Víctor Ibañez y José Thomas, con la intención de mostrar autoridad, terminó jugando en contra. Primero, porque el ministro de Gobierno ya venía golpeado y cuestionado por otros episodios. Segundo, porque si el conflicto es con los docentes, poner a confrontar al titular de la DGE de manera directa quizá no era la mejor idea. Tal vez, ahí sí, debería haber salido Suarez a poner e imponer condiciones. Pero Suarez no es Cornejo y este gremio no es aquel que fue casi domesticado entre 2016 y 2021.

El SUTE, bien al estilo K, tomó una parte de los dichos de Thomas y la convirtió en un nuevo relato: que los docentes no quieren trabajar y que están en contra de la presencialidad. Lo hicieron para dejar mal pegado al funcionario y para, trabajo de edición mediante, licuar la parte que les tocaba en esa afirmación hecha por el director General de Escuelas: Sedano y Correa responden a una línea sindical nacional que durante la pandemia rechazó la posibilidad de que los chicos estén en las aulas y lucharon con fiereza para mantener las escuelas cerradas.

En tiempos de pos verdad, para el grueso de los docentes, Thomas los había descalificado. Salir a aclararlo resultó inconducente.

En el medio se coló Roberto Macho, un dirigente sindical que se había convertido en un personaje un tanto marginal a pesar de ser la cara visible de los estatales nucleados en ATE. Su figura había quedado minimizada en los últimos años, al punto de que comenzaron a dudar de su conducción. Lo tildaban de ser un gremialista que había perdido fuerza de choque; que vociferaba discursos combativos hacia afuera y terminaba arreglando hacia adentro.

Para levantar el perfil y no quedar detrás de los reclamos de SUTE, apostó a los piquetes. Y le dio resultado: el fiscal Fernando Giunta lo detuvo por un delito que, en efecto, está tipificado en el Código Penal, pero que en Argentina parece en desuso.

El Ejecutivo quiso tomar distancia de esa situación. O al menos eso simuló. Se habló de la institucionalidad de Mendoza y de la independencia de poderes. Aunque en el ambiente todos saben que a Giunta le gusta responder a los deseos de la política. Si lo hizo durante la gestión de Francisco Pérez, cuando para quedar bien con el entonces ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, imputó sin pruebas y mandó a prisión a un joven por homicidio (finalmente fue sobreseído por otro fiscal), ¿por qué no pensar que meter preso a Macho estaba en esa misma sintonía?

Envalentonado, Macho anunció un paro por 96 horas, sin tener en cuenta qué pasará con aquellos estatales que no se ven representados por él y que a fin de mes no percibirán un solo peso de aumento. La quema de neumáticos en calle San Martín agregó tensión social a un clima ya hostil, aunque no tanto como la incertidumbre de todavía no saber qué pasará con los docentes. Y, a partir de allí, ver qué sucede con una sociedad que se identificó con el reclamo por salarios dignos. De ahí a seguir acompañando huelgas y cortes de calle, es otra historia.