El Congreso de la Nación es el poder que, a partir de las leyes que sanciona, da garantía de institucionalidad. Pero si esas normas son aprobadas con vicios o irregularidades, más allá de su contenido en sí, entonces, hay un quiebre. Ese poder del Estado deja de ofrecer transparencia en el proceso democrático porque así lo requiere la arbitrariedad de los intereses en juego. Las reglas se vuelven frágiles, el procedimiento se torna opaco. ¿Qué solvencia constitucional puede tener una ley aprobada de esta forma?
Por eso, lo sucedido con la sanción de Bienes Personales en el Senado no puede pasarse por alto. La política no es un barro donde vale todo, y el ámbito legislativo, que es el de los consensos pero también el de las divergencias, no puede caer en las trapisondas, artimañas y zancadillas. Las leyes deben estar respaldadas por la correcta gestión de su tratamiento en ese recinto. De otra forma está viciada. Es una norma que ya, de entrada, sale renga para su promulgación.
Ahora, la oposición ha advertido que esa ley será litigada en tribunales porque está viciada de nulidad, lo que reduce al Legislativo, más que a un poder y contrapeso del Ejecutivo, a una gestoría de este. Qué inversor externo puede confiar en este país si sus reglas cambian cada tanto. Qué puede pensar cada ciudadano si ese cuerpo de representantes se dobla para aprobar a como dé lugar un proyecto que deja más dudas.