En setiembre del 2020 y en medio de un proceso de rebelión policial que había puesto al borde del colapso la seguridad en la provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández dispuso, de un momento para otro, restarle 1,18 puntos de la coparticipación federal que le llegaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para girarlos a la provincia y, con esos recursos, financiar el aumento de salarios que reclamaban los agentes provinciales del territorio gobernado por Axel  Kicillof.

Horacio Rodríguez Larreta se enteraría por los medios del manotazo que les darían a sus recursos, como el resto de los gobernadores. La movida, de alto impacto político, estremeció y marcó para todo lo que vendría luego la relación más o menos conducente y racional que hasta ese momento, en medio de una sensible y tirante gestión que –por la pandemia de coronavirus, las aperturas y los cierres de la economía– llevaban adelante y administraban ambos distritos, epicentros y bases,  a su vez, de la disputa ideológica entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo de todo el país.

Hay que decir que siempre, la CABA y la provincia de Buenos Aires alteraron y distorsionaron el reparto de fondos entre la Nación y las provincias, tanto los coparticipables fijados por ley como los de libre disponibilidad de la Nación, entre ellos, los ATN, subsidios varios, partidas indiscriminadas y hasta por fuera de los fondos presupuestados.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, los dos distritos –los de mayor gravitación nacional, uno por su enorme potencial económico y otro por su extensión, además de su enorme influencia electoral– resultaron claramente beneficiados. Las conducciones políticas de ambos, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, de CABA y Buenos Aires, respectivamente, dirían que se trataba del pago de viejas deudas y demandas históricas que nunca habían sido satisfechas.

A la CABA, Macri le transfirió la Policía y, con ese traspaso, le aprobó un incremento de más de 1 punto de lo que le correspondía por coparticipación federal. Ese punto, hoy se reconoce, estaba inflado y superaba el gasto de la Policía. Macri giró esos recursos de lo que se conoce como la coparticipación secundaria y de lo que le correspondía a  la Nación. Evitó tocar la parte de donde se calcula lo que se le envía a cada provincia. Si lo hubiera hecho, habría incurrido en más de un delito y todo habría volado por  los aires en medio de un escándalo sin precedentes. Pero, por supuesto, que sus gestos a favor de la CABA, como los que habitualmente tuvo con la ex gobernadora  María Eugenia Vidal, no solo provocaron cuestionamientos de los gobernadores peronistas, sino que hacia dentro de las administraciones afines a Cambiemos, como la de Mendoza, por caso, causaron un malestar que pocas veces se escondía. Porque, como siempre, las decisiones de ese tipo se han tomado sin consultas previas, sin explicaciones, sin la búsqueda de consensos y todo bajo un estilo manu militari y altamente discriminatorio con el resto del país.

Ahora, la Corte se prepara para dar su veredicto sobre el manotazo de Fernández a los fondos que Macri le facilitó a Rodríguez Larreta. Como el Gobierno se ve venir un fallo en contra, el presidente llamó a los gobernadores y los reunió en una mesa a favor de su posición. Los  gobernadores fueron gustosos a firmar un documento por el cual aducen que la CABA les robó 500.000 millones de pesos que les correspondían a las provincias. Trazando un paralelismo con el sempiterno conflicto que La Pampa tiene con Mendoza, lo que dicen los gobernadores sobre la CABA es lo mismo que dice La Pampa sobre Mendoza cuando afirma que le robó un río.

Todos los gobernadores, con la excepción de Rodolfo Suarez, de Mendoza; Gustavo Valdés, de Corrientes, y Gerardo Morales, de Jujuy, asistieron o enviaron a sus representantes al convite de Fernández contra Rodríguez Larreta. A su vez, el presidente los reunió bajo la promesa de que, al apoyar la detracción que le hizo a la CABA, usará ese dinero, en caso de ganar la contienda, en obras para el resto del país, en una sorprendente e inesperada actitud de justicia federal.

Lo cierto es que, como viene sucediendo desde mucho tiempo a esta parte, en vez de que la Presidencia convoque a una discusión profunda y definitiva sobre el reparto de los fondos que se recaudan entre la Nación y las provincias, como así lo ordenó la reforma constitucional de 1994, lo que se hace es dilatar las injusticias y usar la discriminación y el poder que dan la billetera y el garrote contra los que no se alinean.

En Mendoza aseguran que Fernández no les ofreció nada de los fondos que reclama la CABA, aunque tampoco hubiesen asistido. “Nos seguirán discriminando”, dijeron en la Gobernación. Tampoco Mendoza mejoró su situación cuando tuvo un gobierno afín en la Nación. Por el contrario, Cristina Fernández de Kirchner llegó al colmo de dejar sin aliento a la administración peronista de Francisco Pérez, entre el 2011 y 2015. Y, con Macri, a lo que se apostó fue a la firma de un pacto fiscal que tuvo la intención de ordenar el sistema impositivo para hacer descender la presión. Pero, por ese pacto, la Nación les transfirió tanto a la CABA como a Buenos Aires la competencia sobre las eléctricas Edenor y Edesur y la empresa de agua Aysa para que ambas administraciones se hicieran cargo de las tarifas, como sucede en el resto de las provincias. Ese acuerdo tendría vigencia desde el 2020, pero Fernández lo suspendió. Hoy, la mayor parte de los subsidios que se sostienen con el esfuerzo del resto de las provincias tiene su impacto en esos dos distritos, en los que, pese a algunos cambios, sus ciudadanos siguen pagando sumas inferiores a las que se abonan, por ejemplo, en Mendoza.

Mientras, apenas comenzaba marzo, que este jueves está terminado, Fernández recibió a Kicillof y a buena parte de su gabinete para firmar una serie de convenios por los cuales la Nación se comprometió a transferir 75.000 millones de pesos para garantizar la seguridad alimentaria y profundizar los programas sociales en el conurbano por todo el 2022. Con lo que, mientras la comunidad compuesta por el resto de las provincias siga tolerando sin manifestaciones conjuntas las decisiones discriminatorias de un Gobierno nacional que beneficia a la más distorsiva de las provincias por el hecho de ser parte de su mismo color político, el sistema seguirá gozando de buena salud. Porque, a no dudarlo, cada gobernador seguirá haciendo sus propias gestiones, golpeando puertas en la Rosada y besando manos a mansalva para sacar una tajada de la miseria que existe para repartir.