El Boletín Oficial se convirtió de un tiempo a esta parte en una amenaza latente para la gestión de Rodolfo Suarez. Es una caja de pandora puertas hacia adentro. No hay un filtro político previo. No hay previsión de las consecuencias de las publicaciones. Al menos para evaluar los alcances. O saber cómo, cuándo y dónde reaccionar. Es algo que era cuestión de Estado durante la gobernación de Alfredo Cornejo y que se abandonó cuando Suarez llegó al poder y Víctor Ibáñez se hizo cargo del Ministerio de Gobierno.

No se trata de ocultar. El problema no es Boletín. El problema es la falta de timing y la posibilidad de que, detrás de la supuesta transparencia en la publicación de los actos de gobierno, pueda esconderse la rosca sombría que termina en pactos de dudosa procedencia.

Por eso nadie vio venir el bombazo. Por eso, a pesar de que era cuestión de leer la primera página del Boletín, no hubo cintura política que lograra esquivar el escándalo. El primer decreto publicado este 26 de mayo fue el número 684: un subsidio por al menos 18 millones de pesos a la Fundación Acción Social, liderada por el ex legislador Héctor Bonarrico. Eso encendió la mecha. Unas horas más tarde, en un acto de honestidad brutal, el pastor evangélico se encargó de hacer volar todo por los aires.

Bonarrico confesó en declaraciones periodísticas que ese dinero formaba parte del acuerdo electoral entre Cambia Mendoza y su partido, MásFe, para bajar sus pretensiones para renovar su banca el año pasado, salirse de la órbita opositora y sumarse al bloque del oficialismo. En otras palabras: su cambio político costó, según sus palabras, 18 millones de pesos maquillados en un subsidio estatal a una fundación con pocos antecedentes y con una misión que, según los ocho puntos del decreto, es total y absolutamente ambigua. Puede hacer muchas cosas con ese dinero, pero nada en concreto. Es una mezcla de asistencialismo con un refuerzo presupuestario para los templos evangélicos. Es decir, una suerte de esponsoreo para que Bonarrico gane territorialidad.

Un rato después Bonarrico quiso aclarar la situación. Dijo que no dijo lo que dijo, pero tampoco veía nada de malo la idea de haber negociado un subsidio para su beneficio personal en medio del juego político.

La respuesta de Rodolfo Suarez fue frenar todo. Salir rápido a informar que el subsidio se bajaba y que nada de lo que había dicho el pastor era cierto. Fue un acto reflejo al ver el vendaval que se asomaba tras el decreto firmado el 9 de mayo por el vicegobernador Mario Abed y publicado este jueves. Un control de daños tardío. ¿Y ahora qué?

Los acuerdos electorales se basan en el toma y daca, como en toda negociación. Todas las partes ceden y ganan algo. El tema es cómo se cristalizan luego esos convenios. Generalmente, es con cargos. Las malas lenguas dirán que siempre hay dinero en el medio. En este caso, fue Bonarrico el portavoz de esa acusación. No se sabe si lo hizo por lenguaraz, por improvisado, por arrebatado o, simplemente, por creer que no hay nada malo en eso de cambiar de opinión por dinero; que las voluntades se cuentan en billetes. 

Por ahí va la tremolina. Por determinar cuál fue el pecado original y cuándo tuvo lugar. Si fue un subsidio flojo de papeles a pesar de estar enmarcado en un decreto; si fue aliarse con un personaje que aportó poco y nada a la vida institucional y política mendocina, o si, encima -como dijo Bonarrico-, ese personaje puso precio y se pagó el dinero de todos. O al menos se intentó.