En lo que va de la gestión de Rodolfo Suarez, se tramitó el sumario de 195 empleados de planta permanente, de los cuales 50 terminaron con cesantías. Es decir, que de ese total de expedientes, uno de cada cuatro empleados fue despedido del Estado provincial. Por contrapartida, en la gestión anterior se había duplicado la cifra. El ex gobernador Alfredo Cornejo inició 874 sumarios y de ese número, 424 agentes terminaron fuera del Estado por diversas irregularidades.

Desde que asumió como gobernador, el senador nacional buscaba terminar con el “Estado bobo” y para eso tomó una serie de medidas, entre ellas creó la Oficina General de Sumarios (OGS) para centralizar las faltas administrativas y poder tener un control más estricto de la conducta y del accionar de los trabajadores estatales.

“Al tratarse de una oficina especializada y que en general que no tiene contacto con los hechos ni las personas investigadas, ha aumentado la calidad y la celeridad de las investigaciones”, explicaron desde la OGS.

El abultado número que tuvo Cornejo se explica por algunos motivos particulares, según señalaron desde el oficialismo. Por un lado, el ex mandatario venía con el “stock” que dejó la gestión de su antecesor, Francisco Pérez, y muchos fueron despedidos por los pases a planta “truchos” que se otorgaron durante la gestión peronista. Por otro lado, hay que recordar que durante el 2020, año en que se desató la pandemia, los procedimientos y plazos administrativos estuvieron suspendidos, lo que generó un retraso.

A eso se suma que las faltas injustificadas son una de las principales causas de despido y ese año el trabajo en el Gobierno se llevó adelante en forma virtual, lo que permite explicar un descenso de los sumarios por ese motivo.

Los números de Suarez

Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 19 de julio del corriente año ingresaron 175 expedientes de sumarios administrativos y en esos se tramitó la causa de 195 agentes públicos, ya que en algunos expedientes se investiga a más de un sumariado.

Durante este periodo la OGS aconsejó la cesantía de 50 agentes. Hasta la fecha ya se concluyó el trámite correspondiente y se emitió la norma legal de 36 casos de despidos. En tanto, el resto de los sumariados, la cesantía está en trámite.

La principal falta que cometieron los empleados se vincula a las inasistencias injustificadas. En cuanto a delitos, se registraron hurtos o defraudaciones, cohecho y un caso de acoso. También hubo conductas inapropiadas y una negligencia grave.

  • Agentes con dictamen aconsejando cesantía: 50
  • Agentes con norma legal de cesantía: 36
  • Cesantías en trámite de norma legal: 14

Los números de Cornejo

Hasta octubre de 2019 había 922 sumarios, de los cuales 656 se iniciaron por inasistencias sin aviso y 266 por otras causas.  

De esos 922 expedientes, 874 sumarios se tramitaron en la gestión del legislador nacional. En total se registraron 424 cesantías; 315 por faltas injustificadas y 109 por otras causas.

Ver también: En cuatro años, 424 empleados públicos fueron cesanteados

Casos

A través de las publicaciones del Boletín Oficial pueden conocerse los nombres, apellidos y causas de las cesantías. El último caso que generó polémica fue el que se publicó el pasado 6 de julio de una empleada de ATM que la echaron por manipular el sistema para favorecer a empresas.

La empleada era delegada gremial de Sitea y además se ausentó 16 veces sin justificación. Desde el gremio, el secretario, Víctor Dagfal, prefirió no expresarse sobre el caso, sin embargo, si lanzó críticas contra el Gobierno por la “persecución a los trabajadores”.

“Se persigue, no a los delegados gremiales, sino a los trabajadores. Conozco a un buen hombre que era empleado, se quedó sin familia y entró en depresión. No sólo lo echaron, sino que lo publicaron en todos lados. Lo tiraron a la calle. Antes no se estigmatizaba, esto empezó con (Alfredo) Cornejo”, señaló el gremialista.

En su caso, Dagfal relató que el gobierno en el año 2019 pidió su desafuero porque está excedido en su edad jubilatoria. Sin embargo, hasta el momento la Justicia no se expidió al respecto. Según explicó, no tiene licencia gremial y trabaja diariamente en la ATM.

También en febrero de este año se registró otro despido polémico, en esta ocasión en el hospital Notti. Se trató de un radiólogo que había sido condenado por la Justicia provincial por maltratos y violencia de género hacia una compañera del nosocomio, el gobernador dispuso su cesantía “en suspenso”, ya que está amparado por la tutela sindical, por lo que se iniciaron las acciones judiciales correspondientes.

Cómo funciona la OGS

Desde el Ministerio de Gobierno explicaron que los plazos de resolución de los expedientes son variables, pero en promedio el trámite tiene una duración de seis meses. Ese periodo incluye la investigación del hecho y sus pruebas, la notificación al empleado, su defensa, el análisis final y luego se sugiere la sanción.

El trabajo principal de la oficina consiste en reunir las pruebas, encuadrar la falta y finalmente emitir un dictamen sugiriendo la sanción o el sobreseimiento. Finalizado el trabajo de la OGS, el expediente vuelve al área de origen y la Junta de Disciplina de la jurisdicción es la que resuelve, pudiendo apartarse de lo sugerido por la oficina.