El Partido Justicialista de Mendoza emitió este miércoles un comunicado para expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Constitución que impulsa el gobierno provincial.

Con este panorama se le cierran las puertas al gobernador Rodolfo Suarez para lograr el objetivo porque para avanzar se necesitan dos tercios de los votos.

Con fuertes críticas al Ejecutivo, al que acusa de no promover el diálogo directo con las fuerzas políticas y sociales, el peronismo local se sumó al rechazo que ya habían adelantado otros partidos (Protectora y el PD).

“El Gobierno local se maneja en soledad y no gestiona los consensos necesarios para garantizar cambios institucionales y acuerdos programáticos”, señala el comunicado.

Además, el PJ anunció que promoverá la enmienda de un sólo artículo de la Carta Magna, el 223, para “establecer un límite máximo para el presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados con un tope como porcentaje del presupuesto general de la provincia”.

“Este es un Gobierno que no gestiona los consensos. Es un gobernador que ha definido una estrategia política que es fracasar en las definiciones estratégicas y echarle la culpa siempre a otros. Es imposible que pudiera avanzar este proyecto cuando el gobernador ni ningún ministro han hecho una sola gestión para hablar con algún dirigente de la oposición”, explicó el presidente del bloque del Senado del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

Si bien desde el Gobierno se habían mostrado abiertos a realizar cambios, el oficialismo no pensaba dar el brazo a torcer con la propuesta de la unicameralidad.

“La única expectativa es que tengan suficiente respeto institucional para dar un debate que desde hace 40 años está hecho en todos los niveles”, pidió el martes el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.

En agosto del año pasado el gobernador envió el proyecto a la Legislatura. Luego fue Ibañez el encargado de realizar reuniones con distintos sectores para impulsar los cambios propuestos.

Entre los principales puntos, la reforma excluía la reelección del gobernador y eliminaba las elecciones de medio término. También se apuntaba a la unicameralidad, el equilibrio fiscal, la autonomía municipal, y establecía la edad máxima de jubilación de los jueces la de 70 años, entre otros.