La defensa de la familia Barrera, detenida acusada del secuestro seguido de la muerte del empresario Diego Aliaga (51) solicitó este viernes que se declare nula la detención y pidió el apartamiento de todos los funcionarios públicos que participaron de esa medida, que sostienen es  ilegal. Principalmente, apunta a que no deben continuar en la investigación el fiscal Fernando Alcaraz y jefe del Departamento de asistencia tecnológica y apoyo investigativo de la Policía de Mendoza, subcomisario Jesús Cepeda.

En la presentación los abogados solicitan la “nulidad genérica y absoluta”  por la detención e incomunicación de Diego Barrera (50), Bibiana Sacolle (46), Gaston (28) y Lucas Curi (26) al momento de ser detenidos.

Entre sus argumentos, esgrimen que no existió petición alguna por parte de las autoridades de incomunicación de los imputados ni resolución judicial al respecto.

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Así, los abogados entienden que se violentaron las garantías constitucionales de cuatro de los cinco imputados por el crimen del empresario Diego Aliaga.

Entre sus consideraciones mencionan diversos tratados internacionales y la Constitución Nacional para hacer referencia a las normas que salvaguardan la dignidad humana, la presunción de inocencia, el derecho a la comunicación libre y privada con el defensor y la igualdad ante la ley, entre otras.

“No se han respetado derechos y garantías de los imputados. No se le ha reconocido su condición de ser humano, con dignidad y personalidad jurídica, a la hora de ser juzgado en este proceso penal”, sostiene el escrito.

Solicitud de apartamiento

La defensa de la familia Barrera requirió además que se aparte de la causa a todos los funcionarios públicos que participaron en la “ejecución y orden de incomunicación no ordenada por la autoridad competente”.

Al respecto, esgrimen que el fiscal federal Alcaraz, autorizó y ordenó la detención de los imputados, pero no su incomunicación.

Sin embargo, en un oficio firmado por la secretaria del Juzgado Federal Nº3, Marina Leiva, dirigido al jefe del Departamento de asistencia tecnológica y apoyo investigativo de la Policía de Mendoza, subcomisario Jesús Cepeda, se ordena que, tras ser detenidos sean puestos a disposición del Tribunal en calidad de “detenidos incomunicados”.

Así las cosas, consideran que este oficio fue infundado y que se executó un acto inexistente y, por ende, nulo, “que atentó contra la libertad y el derecho de defensa de los imputados. Los mismos pasaron 48 horas en total desamparo (sin defensor, ni siquiera oficial) e incomunicados en forma ilegal, en distintas dependencias policiales”.

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La Justicia ahora deberá determinar si hace lugar o no al pedido de la defensa y qué ocurrirá con los funcionarios involucrados en la investigación.

El caso

El cuerpo de Diego Aliaga, fue hallado el último 10 de septiembre, enterrado a medio metro en un campo en la zona de Costa de Araujo. Estaba desnudo, sólo llevaba un bóxer.

El empresario desapareció el último 28 de julio. Según sostiene una de las hipótesis principales de la investigación, fue retenido en una de sus propiedades ubicada en la calle Bandera de Los Andes de Rodeo de la Cruz. Luego, realizaron un llamado extorsivo a su familia exigiendo medio millón de pesos.

Según los investigadores, Aliaga falleció mientras sufría algún tipo de amenaza u agresión.

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Diego Barrera y su pareja, Bibiana Sacolle (46), eran socios de Aliaga en diversos negocios. Los hijos de la mujer también trabajaban con ellos y eran parte de los negocios, según estiman los investigadores. Además de estas cuatro personas, la causa tiene un quinto imputado Washington Rosales (32), quien permitió que los detectives hallaran el cadáver.