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15 de septiembre de 2020
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Datos reveladores de la causa

"Decinos qué podemos hacer con este ñato": el llamado para ocultar a Aliaga

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El último detenido quedó alojado en la U-32.

El quinto detenido de la causa está imputado por el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario. Hizo un pacto de colaboración que podría beneficiarlo en el futuro. Vinculó a Gastón Curi, otro de los detenidos, con una comunicación.

Washington Yamil Rosales pasó, de un día para el otro, de ser testigo en el expediente que se inició por la desaparición del empresario Diego Alfredo Aliaga (51) a formar parte de la nómina de cinco imputados.

El fiscal federal que instruye la causa, Fernando Alcaraz, lo acusó por secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por la participación de tres o más personas, que prevé como pena única, de ser condenado, la prisión perpetua. Los detectives de la causa entienden que cumplió una función clave en la logística para ocultar el cuerpo de la víctima.

Pero, el llamado quinto hombre de la causa, que confesó dónde enterraron el cadáver del ex despachante de aduana la semana pasada y nunca fue “de identidad reservada” como trascendió en un primer momento, firmó un pacto de colaboración antes de detallar lo que sabía y le habían pedido ante el fiscal Alcaraz y los efectivos de Investigaciones de la Provincia, quienes vienen trabajando en el caso desde los primeros días, después de la denuncia radicada por el hermano de la víctima, Gonzalo Aliaga.

Ver también: Quién es el quinto detenido del caso Aliaga y qué declaró

El jueves al mediodía, mientras se encontraba con fiebre e internado en el Hospital Central por la picadura de una araña viuda negra en la pierna derecha, el representante del Ministerio Público le informó que iba a quedar detenido por la calificación citada.

Las antenas de celular lo ubicaban en la misma zona que a otros imputados en los momentos de mayor tensión del caso, es decir, cuando Aliaga llegó hasta su propiedad de calle Bandera de los Andes y despareció.

Alcaraz le leyó los hechos endilgados y Rosales firmó el acta de colaboración en la pesquisa, aportando datos fundamentales para que los detectives encontraran el cadáver de Aliaga en la localidad de Costa de Araujo, camino a Gustavo André, en el departamento de Lavalle.

Tal como reveló El Sol, Rosales era empleado de la empresa de transporte de pasajeros Solcito, propiedad de los principales acusados que tiene el sumario, Diego Barrera (50) y su pareja, Bibiana Sacolle (46). Junto con ellos están procesados y con prisión preventiva Lucas y Gastón Curi, los hijos de 26 y 28 años de la mujer.

Fuentes judiciales y policiales contaron que realizaba trabajos de chofer de los vehículos y se encontraba dentro de la nómina de tres empleados que le quedaron a la firma desde comienzos de año. Además, era conocido por algunos detectives por su pasado en la hinchada del club Deportivo Maipú y porque pasó tres días detenido luego de ser denunciado por una ex pareja por amenazas.

El imputado había declarado como testigo (confirmando los vehículos en los que se movilizaba la familia Barrera, los lugares donde se encontraba el día que desapareció la víctima y los detalles de la mencionada empresa con respecto a pago de salarios, por ejemplo), pero, al pasar a estar complicado con el secuestro, decidió contar los que sabía, siempre desligándose del asesinato de Aliaga.

La declaración personal de Rosales frente al magistrado no tardó en llegar y fue escueta. Habló de quién lo contactó para deshacerse del cadáver y del lugar adonde lo habían trasladado.

Este hombre de 32 años está sospechado de ser quien manejó uno de los vehículos de la familia Barrera (podrían ser un Renault Fluence o un rodado utilitario Mercedes Benz Sprinter naranja, ambos a nombre de Sacolle) hasta llegar al norte provincial. Y apuntó directamente a uno de los hijos de la mujer, Gastón Nicolás Curi, como quien lo contactó a su celular después del homicidio del empresario.

Rosales contó que, el martes 28 de julio por la tarde, el hijastro de Barrera, quien también está señalado como quien compró el teléfono para realizar la llamada extorsiva a la familia Aliaga después de la desaparición, le llamó a su celular y le dijo, escuetamente: “Che, decinos qué podemos hacer con este ñato”, dando a entender que lo tenían retenido.

Fuentes del caso detallaron a este diario que ese pedido no fue gratuito. Y se habló del pago de dos millones de pesos y un par de propiedades a cambio de la "ayuda" de Rosales.

Ver también: Caso Aliaga: a quién apuntan como el comprador del celular

Rosales agregó que no sabía si Aliaga estaba vivo o muerto y que partieron hacia Lavalle y que otras personas sepultaron el cadáver.

Por último, dijo que regresó a Mendoza y se fue a la casa de su abuelo.

Buscando un beneficio

El pacto de colaboración no eximió a Rosales de una imputación, de hecho, terminó acusado con la misma calificación que el resto de los detenidos en calidad de coautor; es más, hasta este lunes se encontraba en el centro de detención federal U-32 e iba a pasar a la cárcel.

Pero, podría beneficiarlo el día de mañana si llega a sentarse en el banquillo de los acusados de un juicio oral. Este tipo de acto está basado en una constancia de la descripción de lo que mencionó ante el fiscal, tiene que ser convalidada por el juez de la causa, en este caso, Marcelo Garnica, y se guarda.

Este puede el as en la manga de este hombre el día del debate, es decir, utilizar este recurso en el momento en que sea necesario para lograr algún objetivo.

Por ejemplo, si a la familia Barrera y a Rosales los condenan a prisión perpetua por secuestro extorsivo seguido muerte agravado, la defensa de este último puede sacar y recordar el pacto de colaboración firmado avalado por el juez de instrucción y solicitar que la pena para su cliente sea inferior.

Así las cosas, la situación de Rosales se analizará en un futuro. Desde su defensa aguardan el resultado final de la necropsia y otras pruebas porque entienden que no tuvo participación en el asesinato del empresario.

Ver también: Imputaron secuestro extorsivo a la familia detenida por el caso Aliaga

Un mes de angustia

Diego Aliaga desapareció el 28 de julio por la mañana, cuando se dirigió en la camioneta de un amigo abogado hasta una casa de calle Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz. La propiedad estaba siendo refaccionada porque iba a iniciar un proyecto de rehabilitación para discapacitados junto con Barrera y Sacolle.

A las pocas horas, Gonzalo Aliaga, hermano del empresario, recibió un llamado extorsivo donde le exigían un millón de dólares mientras radicaba una denuncia por averiguación de paradero.

La causa pasó a la Justicia federal y, el lunes 3 de agosto, la familia Barrera quedó detenida en su casa del barrio Dalvian, de Ciudad.
Cámaras de seguridad y antenas de teléfonos vincularon a los cuatro sospechosos con el secuestro extorsivo.

Días después, se supo que Gastón Curi habría sido quien compró el celular utilizado para la llamada extorsiva, en un local de calle Roca de Las Heras, y que Rosales habría participado en la logística para ocultar el cuerpo de la víctima, que terminó siendo hallada enterrada a medio metro en Lavalle.

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