El juez federal Marcelo Garnica volvió a rechazar este martes la excarcelación a Diego Alejandro Barrera (51), uno de los cuatro detenidos e imputados que tiene la causa por la desaparición del empresario Diego Alfredo Aliaga.

El magistrado, luego de analizar el planteo de la defensa y el dictamen del fiscal del caso, Fernando Alcaraz -se opuso-, negó el nuevo pedido al entender que no estaban vencidos los plazos establecidos para que dicte el auto de procesamiento con prisión preventiva o, en su defecto, de falta de mérito. Básicamente, el representante legal del acusado entendió para hacer el planteo que se trata de un plazo perentorio e improrrogable.

Sin embargo, el juez Garnica consideró que la posición jurisprudencial mayoritaria entiende que dicho plazo es ordenatorio en este tipo de causas, “sin que el vencimiento acarree las consecuencias invocadas por la defensa”, destacó.

Después de esta resolución, el próximo paso del juez será resolver la situación procesal de Barrera y también del resto de los detenidos, es decir, de su pareja, Bibiana Sacolle, y los hijastros, Lucas y Gastón Curi.

La resolución del juez, de rechazar la excarcelación, está fundamentada en que los casos de secuestro extorsivo -así está calificado el expediente- tienen un tratamiento “especial” en la Justicia Federal y son instruídos por el Ministerio Público después de la llamada Ley Blumberg (2004), que modificó el Código Penal Argentino. Es el fiscal el que formula la imputación y quien recibe las declaraciones indagatorias.

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Debido a esto, para Garnica resultaba dificultoso poder resolver la situación procesal de Barrera y su familia porque el expediente no estaba en sus manos y se encontraba secreto.

La semana pasada (el 2 de este mes), el juez le solicitó las actuaciones a Alcaraz para poder avanzar en la resolución que defina la condición de encierro tanto de Barrera como de su familia y es probable que se conozca en los próximos días, ya que tuvo contacto con las mismas dos días después.

Asimismo, el juez Garnica volvió a argumentar que la gravedad del hecho que le imputan a Barrera también le impiden hacer lugar al pedido de la defensa. El considerado socio de Aliaga está acusado por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y una pena mínima, en caso de ser encontrado culpable en un juicio, será de 10 años mínimo.

Ante esto, entiende que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación si accede a la excarcelación.

Así las cosas, mientras los investigadores continúan buscado al empresario desaparecido desde el 28 de julio, en los Tribunales Federales continúa la “batalla” por la situación procesal de los cuatro detenidos.

Es más, la defensa apeló el primer pedido de excarcelación que rechazó el juez el 25 de agosto y el 17 de este mes tendrá una audiencia para argumentar su postura ante la Cámara Federal de Apelaciones.

La causa por la desaparición de Aliaga se inició después de una denuncia de su hermano, Gonzalo, quien aseguró que le llamaron por teléfono exigiéndole un millón de dólares a cambio de la vida a cambio de su liberación. Se inició una causa por secuestro extorsivo pero no hubo más comunicaciones.

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Para los detectives, Aliaga pudo haber sufrido un atentado contra su vida. Y apuntaron contra Barrera, el hombre que lo vio por última vez. Análisis de teléfonos, declaraciones contradictorias y otras pruebas pusieron a Barrera y a su familia como los sospechosos número uno y ordenaron su detención cinco días después de la desaparición.