A cuatro días de la reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) para analizar el futuro de Portezuelo del Viento, el debate por la “obra del siglo” sigue dando que hablar. Esta vez, fue el intendente peronista de Tunuyán, Martín Aveiro, quien admitió que hay “aprietes” para la puesta en marcha del proyecto.
Hay que recordar que el 5 de junio el presidente Alberto Fernández puso en duda el financiamiento de la obra hidroeléctrica, lo que generó incertidumbre y malestar en la provincia.
“Creo que lo de Portezuelo del Viento es un apriete para ceder en algunas otras cosas. Me hago cargo de lo que digo”, disparó Aveiro declaraciones radicales.
“A medida que van cambiando los gobiernos, van cambiando los intereses políticos, que no quepa duda. Si me preguntan a mí cómo negociaría con el gobernador de La Pampa, lo haría con el agua del Atuel y no con Portezuelo”, añadió el jefe comunal.
De algún modo, el tunuyanino dejó entrever que en el medio de la obra está la “política” y culpó directamente al exgobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, por las trabas que está teniendo el proyecto hidroeléctrico.
“No se puede desconocer que hay política siempre. Por un lado, un gobierno que quiere ser amigo del gobierno nacional y por otro, un exgobernador que se hace el Superman en Buenos Aires. Eso te lo cobran, te lo facturan”, añadió Aveiro.
“Los gobernadores están haciendo política. Está en el gobernador nuestro saber negociar y llevar adelante, tiene todo nuestro acompañamiento”, manifestó.
Sobre esto, Aveiro diferenció a Suarez de Cornejo asegurando que el primero tiene “códigos”, mientras que su antecesor solo quiere hacer “daño”.
Si bien reina la incertidumbre sobre el futuro de la obra, el peronista garantizó que “la plata es de los mendocinos”.
“Hay disposición para que la plata llegue a Mendoza, se haga o no la obra”, finalizó.
Mientras tanto, el gobernador definió su estrategia y el próximo viernes presentará una propuesta especial para convencer a sus pares. Se trata de un “fondo de garantías” para que se apliquen severas sanciones ante un eventual incumplimiento de Mendoza.
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