“La etapa del sálvese quien pueda y la meritocracia está muerta en Argentina, y quiero que todos tengan las mismas oportunidades”, lanzó, como una sentencia, el presidente Alberto Fernández días atrás durante una entrevista y también en un acto en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y algunos intendentes bonaerenses, en su mayoría del conurbano más afectado por la pandemia de coronavirus.
Cada vez que habla, y quizás mucho más acentuado en esta era del COVID-19, el presidente deja innumerables pistas para el análisis sobre las características del gobierno que encabeza y representa. Casi todas sus intervenciones, al menos las públicas, incluso, se adornan de épica y de aseveraciones tan firmes como cuando en un acto religioso se habla de las cuestiones de fe. Pero la experiencia de Argentina ha demostrado que no todo lo que se dice desde el poder es como se dice que es. A veces, quizás en la mayoría de los casos, se habla “para la gilada”, como se afirma en el barrio en un tono y código más afín y coloquial que todos entienden, para reafirmar los sentimientos, también como un cliché, pero, por sobre todo, para sostener y contener a los propios. Y si existe algo de todo lo que suele surgir habitualmente del discurso presidencial, es ese tono admonitorio de lo irreversible, de la autoridad y de la verdad revelada.
Cuenta el ensayista Alejandro Katz, autor de El simulacro, que “la sociedad argentina ha tenido muy pocas experiencias de política secular: Frondizi ha sido una, Alfonsín ha sido otra. Fuera de esos momentos, la lógica de la construcción del discurso, de la construcción del líder, de la relación con el pueblo, del carisma, fue, básicamente, un régimen de palabra religiosa”. En verdad, ¿a quién le habla el presidente cuando, por una vez más, vuelve a afirmar que la meritocracia en Argentina se acabó? Y, en todo caso, ¿no es una mala noticia, si así fuera, para quien el mismo presidente dirige esa sentencia y a quien le promete defenderlo de esos apátridas expoliadores que lo amenazaron en el pasado reciente?
Si en algo tienen razón el presidente y varios de sus ministros, es en aquello que la pandemia de coronavirus nos ha mostrado, con total crudeza, lo desigual que es Argentina. Y, lo peor de todo es que, cuando se disipen los efectos de lo que se considera ya como una catástrofe en todo sentido, particularmente en lo que concierne a la economía, Argentina será mucho más pobre de lo que ya era hacia fines del 2019. Sostener, con un dejo de revanchismo, que la meritocracia se terminó es una pésima noticia para quienes serán más pobres luego de la pandemia y para aquellos desprovistos de casi todo. El mensaje es “no te esfuerces porque el Estado estará asistiéndote para lo que necesites”. La misma historia ha demostrado que el Estado –o más claramente el Gobierno para quien hoy difunde su gesta con tono de propaganda– sólo asiste en la emergencia sin más. Rara vez, la asistencia ha dado paso a esas realizaciones masivas, con las que se sueña y se llenan los discursos de campaña. Y los pobres de toda pobreza no sólo se han mantenido, sino que lo peor de todo es que han aumentado por la gracia de las administraciones que se hicieron propaganda a sí mismas como aquellas que llegaron para reivindicar los derechos de los que menos tienen, de los marginados, de los desclasados. Si hubiese sido así, la pobreza no se habría ensañado con Argentina como sí lo ha hecho, dejando secuelas mucho más dañinas que las que ha dejado o dejará el COVID-19. Secuelas que se explican, claro está, en muertes.
En Argentina siempre se ha dicho, a modo de justificación, que su pueblo no resiste estilos de gobierno acuerdistas o que intenten hallar un bien común a todos, aunque todos pierdan en un determinado momento para poder ganar más adelante. Sin embargo, el mismo Katz tiene una respuesta a ese fenómeno cuando dice que “es necesario hacer un poder más débil, pero no por eso vulnerable, para mejorar la calidad ciudadana, democrática y pública del país. Hay que debilitar el poder central transfiriéndolo a la sociedad civil. Eso hace más débil al poder central, pero mucho más fuerte a la sociedad, mucho más democrática, mucho más consciente de su propio destino y de cómo lo construye, mucho menos cortoplacista. Hay que debilitar el poder, pero no hay que confundir el poder débil con la incapacidad de gobernar. Ese es el trabajo a hacer”, sostiene el pensador.
Una de las preguntas que surgen espontáneamente y de cajón es si la sociedad, en su conjunto, en algún momento se permitirá ir hacia un estadio más complejo y sofisticado que ese de esperar, en general, que lo que está establecido le llegue elaborado y procesado por el Estado. La respuesta parece tenerla el mismo ensayista cuando, tiempo después de publicar El simulacro, sostuvo: “Cómo se lleva a una sociedad acostumbrada a suponer que el otro va a tener una conducta aprovechadora, engañosa o fraudulenta a que cambie de conducta. La forma de hacer es a través de algunos actores muy relevantes de la sociedad que paguen con buena moneda aunque reciban una mala. Lo cual exige tener un capital político inicial altísimo, porque si no, te lo consumís en los primeros tres intercambios. Si actuás convocando a la sociedad a dialogar, te van a sancionar, va a haber un paro caprichoso, una cámara empresaria va actuar espuriamente y no va a cumplir con sus compromisos, pero, si podés resistir tres o cuatro devoluciones de moneda podrida, alterás el intercambio”.