Quien sigue de cerca los pormenores de la política local, se habrá dado cuenta de que entre radicales y peronistas –las dos expresiones ampliamente mayoritarias que compiten por el gusto y paladar del electorado en Mendoza y las que se han alternado en el poder casi en partes iguales desde el retorno de la democracia a esta parte– no hay demasiadas diferencias. Sólo a veces, y en algunos períodos de gobierno, nada más las supuestas cuestiones dogmáticas que los separan se han hecho más evidentes que en otras. Pero, en términos generales, –hay que decirlo– en Mendoza, tanto peronistas como radicales se han cuidado de cometer ciertas salvajadas institucionales en las que sí avanzan en otras provincias, y, claro está, también en la Nación. Quizás mucho más en la Nación.

Los analistas, con algún dejo filosófico incorporado, entienden que ese fenómeno que ocurre en Mendoza tiene que ver
con la civilidad en las relaciones entre los partidos y los mismos actores políticos, en cierto grado de madurez que, a veces, descarrila, es cierto, y en ese atributo sabio de la Constitución que manda a que un gobernador no puede estar más de cuatro años en la conducción de la provincia, con lo que, cuando se está acomodando, ya se tiene que preparar para irse, sin tener tiempo de que los vicios nocivos que puede llegar a tener algo ocultos, pues echen raíces, crezcan, se desarrollen y puedan corromper todo el sistema.

Toda esta larga introducción viene a cuento de lo que se está discutiendo por estas horas en la Legislatura virtual, con los diputados y senadores interconectados por videoconferencia, que ha sido la manera que ha logrado aportar la tecnología para que los legisladores puedan cumplir con los protocolos sanitarios que están rigiendo en el mundo eterno por culpa del nuevo coronavirus. Y así, como que, en general, no hay diferencias de fondo entre unos y otros, lo que hoy está pidiendo el gobierno radical de Rodolfo Suarez es lo que sus correligionarios en la Nación suelen rechazar y al revés: lo que el peronismo en Mendoza le cuestiona a Suarez, lo del intento por neutralizar los organismos de control y hasta el propio sistema parlamentario para que en nombre de la pandemia pueda realizar compras secretas, desviar partidas de un lado a otro, endeudarse casi sin tope, poniendo en peligro la viabilidad del propio Estado y avanzar en términos generales con una gestión que niega la transparencia, es lo que, en definitiva, permite que haga con los mismos argumentos, o casi, su movimiento o partido en el Gobierno nacional.

Todo debate parlamentario debiese aportar una mejora y un enriquecimiento del proyecto que está en discusión. Eso debiese suceder por lógica y para eso está, en definitiva, el método de la deliberación, no sólo para cumplir con los principios democráticos. Entonces, si esto es así, ¿por qué razón quien está en el poder cae tentado por los demonios que le soplan en uno de los oídos, que tiene que obviar tal o cual organismos de control o que tiene que buscar la manera para tomar una decisión sin que nadie le diga nada? Parece –y tiene razón en pensarlo mientras lee esto–, que la pregunta es infantil, ingenua y propia de un nivel inicial de instrucción cívica ¿Sabe qué?, tiene razón en pensar así.

Seguramente, hoy, todo apunta a que sea así, el Senado transformará en ley la ampliación de la emergencia social, económica, financiera y sanitaria de la provincia que pidió el gobierno de Suarez. Cuando pasó por Diputados, ayer, el jefe del Ejecutivo debió hacer alguna corrección extraña al proyecto de ley aclarando que la aprobación de la ley, por la que se ratifica la ampliación de la emergencia, deja fuera lo que el decreto ordenaba: nada más y nada menos que pasar por alto un aspecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, que obliga a la Provincia a pedir autorización a la Nación cuando tramite un crédito extra o nueva deuda.

En el peronismo se había debatido qué hacer ante el pedido de Suarez para que le autorizaran la ampliación de la emergencia, lo que no es otra cosa que el otorgamiento de mayores facultades, entre las que se cuentan compras sin licitación y “secretas”, además de la posibilidad de cambiarle el rumbo a partidas con un destino específico hacia otro, todo vinculado con la necesidad de hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Antes del tratamiento y la aprobación de Diputados y que hoy ratificará el Senado, hubo contactos entre la senadora Anabel Fernández Sagasti con el propio Suarez para que se alumbraran espacios de control, con la participación de la oposición, para hacerles el seguimiento a los gastos, al movimiento de partidas y a la posibilidad de conseguir nueva deuda, todo circunscripto y justificado alrededor del combate a la nueva enfermedad.