Empresarios que habrían ingresado al último blanqueo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, entre los que figuran ejecutivos de firmas involucradas en la causa de los “cuadernos de las coimas”, podrían perder los beneficios de esa amnistía fiscal.
En este sentido, una investigación periodística reveló que directivos y familiares vinculados a poderosas empresas mendocinas mencionadas en el expediente judicial habrían blanqueado 108,2 millones de pesos (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA) y 97,3 millones de dólares (Cartellone Construcciones Civiles).
Pescarmona
Entre los empresarios que pidieron entrar a la amnistía fiscal figura Enrique Pescarmona, expresidente de Impsa y cuyo director, Francisco Rubén Valenti, continúa detenido en la causa de los cuadernos.
Según la información que volcó el chofer Oscar Centeno en los cuadernos, Valenti pagó unos 2,8 millones de dólares a Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido y mantenía vínculos con empresarios desde el Ministerio de Planificación Federal.
Por eso se espera que Pescarmona sea citado a declarar por la causa cuando vuelva al país. En el listado de blanqueadores difundido por el portal El Destape, su nombre aparece con 108,2 millones de pesos.
Cartellone
El “arrepentido” Carlos Wagner, presidente de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, señaló a José Cartellone como parte del “Club de la Construcción” que pagó coimas a cambio de obras.
Cartellone negó las acusaciones. “No valido nada”, afirmó el empresario, que hasta ahora no fue convocado para declarar. De todas maneras, sería citado próximamente para rendir explicaciones ante la Justicia.
Ahora trascendió que su hermana María Rosa Cartellone blanqueó 97,3 millones de dólares. En los documentos de los Panamá Papers se conoció que ella era accionista de dos entidades: Unimas Company SA y Starlink Company SA.
¿Pierden los beneficios?
Según publica Infobae, la clave para saber si les cabría o no a los empresarios arrepentidos una pérdida automática de los beneficios fiscales previstos en el blanqueo, está en cómo se interpreta el artículo 84 de la ley 27.260, sancionada en 2016.
“El sinceramiento fiscal estableció en ese artículo que quienes estuvieran procesados por diversos delitos a la fecha de publicación de la ley, no podrían acogerse a los beneficios del régimen”, explicó el abogado tributarista Diego Fraga a ese portal.
La caída de esos beneficios implicarían el pago de todos los impuestos adeudados, las multas correspondientes -que superan el 200% del calor de los tributos impagos-, los intereses del orden del 36% anual, y las sanciones penales, que según el Régimen Penal Tribuatrio pueden incluir la cárcel.
En el caso de evasión simple, cuanto la suma evadida supera $1,5 millones por cada tributo por cada período anual, de dos a seis años. Si se trata de una evasión agravada, por más de $15 millones impagos, de 3 años y seis meses a 9 años de prisión.
Pero otros especialistas sostienen que los empresarios que hayan blanqueado no perderían los beneficios impositivos, ya que la ley de sinceramiento fiscal sólo excluye al que pretendió lavar dinero con origen en delitos, y no al que pudo haber cometido alguno.
El abogado penal económico Emilio Cornejo Costas, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, explicó que en “este listado no incluiría aportes de dinero ilegales a funcionarios para conseguir contratos de obra pública, por ejemplo”.