BUENOS AIRES (DYN) La presidenta Cristina Fernández afirmó ayer que Argentina destina 10,6 por ciento de su PBI a los jubilados, en tanto, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, insistió en que la clase pasiva vive “en una situación de desesperación”, porque “no puede cubrir lo elemental de su canasta básica”. La jefa de Estado indicó que las partidas orientadas a la seguridad social suman 31 mil millones de dólares.

   “Que la calidad de vida llegue cada vez a más argentinos, ese es el objetivo de la democracia”, remarcó la jefa de Estado, al salir al cruce de la difusión de un sondeo realizado por la Defensoría de la Tercera Edad, que concluyó que una canasta básica que contempla los gastos de un jubilado o pensionado alcanza un costo de 2.063,45 pesos, cuando 76 por ciento de los pasivos cobran por mes el haber mínimo de 895 pesos o aún menos.

   Al salir a refutar el informe, la presidenta subrayó: “Estamos alcanzando ya los 11 puntos del PBI, pero de un PBI diferente, más grande”, y recordó que “cuando (Néstor) Kirchner llegó al Gobierno en el 2003, los argentinos destinábamos a los jubilados, a nuestra seguridad social, 5,4 del PBI y hoy Argentina está dedicando a sus jubilados 10,6 de la totalidad de su PBI”. “Y no sólo es el doble del porcentaje, sino también el doble del PBI, doble por doble”, aclaró la mandataria, durante un acto de entrega de 736 viviendas en el barrio de Pablo Podestá, en la localidad bonaerense de 3 de Febrero, en el que estuvo acompañada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, el intendente Hugo Curto, y el secretario de Energía, José López.

    La jefa de Estado aseveró también: “Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más importante de toda América latina, y somos también el país más igualitario de toda América latina, de acuerdo con el informe de Naciones Unidas”, organismo que relevó a ese sector.

   La presidenta admitió que “falta por hacer, pero se ha avanzado muchísimo” y declaró que “hay que seguir avanzando e ir por más, porque esta es la verdadera función del sistema político”. Por su parte, Semino advirtió que “hay una situación acumulativa que lleva a que el jubilado viva en una situación de desesperación, porque no puede cubrir lo elemental de su canasta”.

    El ombudsman sostuvo que “el trabajo trata de advertir a todo el sector dirigencial, a los diversos sectores políticos, que lo que hay que discutir es sobre el derecho a vivir que tiene el ciudadano y salir de la contienda banal y cotidiana, y generar un sistema que dé respuestas a esto”.

   Para ello, propuso “tomar en consideración el fondo de sustentabilidad que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por 150 mil millones de pesos y ver cómo se redistribuye”. También consideró que es preciso “hacer un cambio estructural de las leyes vigentes en seguridad social, porque siguen las (normativas) de (el ex ministro de Economía Domingo) Cavallo de los 90”.

   Semino señaló que “la Anses hace las inversiones que le permite la ley”, pero recalcó que “son desembolsos que, más allá de la legalidad, terminan siendo cuestionados por la situación que vive el jubilado”. “Si el jubilado estuviera en una línea de flotación, ese tipo de inversiones se las podría considerar como parte de mantener los activos financieros y evitar la descapitalización que pueda tener el organismo, como ya pasó más de una vez”, planteó el funcionario.