El genocidio de tutsis en manos de lo hutus, de Ruanda, fue sostenido, defendido y apañado por la institución católica en el lugar y por el mismo soberano pontífice, mucho más expeditivo en manifestarse a favor de los criminales de guerra genocidas, curas religiosos o personas involucradas con la Iglesia católica, para que escaparan de los pelotones de fusilamiento, que en expresar una sola palabra de compasión hacia la comunidad tutsis.
Porque en Ruanda, país mayoritariamente cristiano, la Iglesia ya había practicado antes del genocidio la discriminación racial con respecto al ingreso en el seminario, la formación, la dirección de las escuelas católicas y la ordenación o los ascensos en la jerarquía eclesiástica. Durante el genocidio, algunos integrantes del clero participaron activamente, por medio de la compra y despacho de machetes por miembros de la institución católica, localización de las víctimas y participación activa en actos de barbarie (denuncias, movilizaciones durante las prédicas, arengas raciales y monjas identificando a niños tutsis, etcétera).
Después de las masacres, la Iglesia persistió en su política: uso de conventos para ocultar de la justicia a algunos culpables, activación de redes para facilitarles la salida hacia países europeos a varios criminales; suministro de pasajes de avión a Europa, reubicación de sacerdotes culpables en los curatos de provincias belgas o francesas, encubrimiento de obispos implicados, recursos a posiciones negacionistas: se negaron a utilizar el término “genocida” y optaron por hablar de guerra.