En Luján, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece como obligatorio la instalación de cámaras de vigilancia en los nuevos emprendimientos inmobiliarios, ya sean barrios privados o del IPV, cooperativas, instituciones o edificios públicos como parte del proyecto de urbanización y como una forma para prevenir la inseguridad. Si bien la mayoría de los ediles apoyó la iniciativa, no faltó el debate sobre la eficacia de esta tecnología, que ahora se sitúa en la misma escala necesidad de contar con una cuneta o un cordón. 

“Hacen falta ojos”, aseguró el autor de la ordenanza, el radical Silverio Gatica. La ordenanza dispone que se incluya la obligatoriedad de las cámaras de vigilancia en el Código de Urbanización de loteos,  fraccionamientos, construcciones habitacionales. Es decir, si un nuevo barrio no cuenta con el dispositivo tecnológico, no se le aprueba el certificado de final de obra, lo mismo que ocurriría si no ha terminado con las cunetas o los cordones.  

Según la ordenanza, las cámaras deberán tener ciertas características técnicas: un radio de filmación IR de 150 m.; zoom digital; domo exterior de alta velocidad; gabinete metálico y una velocidad de rotación de 200 grados. Además, se establece la construcción de una garita de construcción para el monitoreo permanente las 24 horas, que deberá ser operada por una persona y comunicada con la Policía. 

En los argumentos, se explica que en muchas situaciones delicitivas los delincuentes no pueden ser ubicados por falta de testigos, por lo que las cámaras permiten visualizar y brindar daros que permitan a la Policía identificar a los malvivientes. 

“Tenemos que avanzar junto con lo que es la tecnología. Así como exigimos el alumbrado público, así también tenemos que incorporar esto que pasa a ser parte fundamental de la prevención del delito, porque no hay forma de controlarlo con los móviles ni con los preventores. No hay ojos para mirar”, sostuvo el edil radical. 

El debate: entre la privacidad y la eficacia

El proyecto fue avalado por la mayoría de las bancadas, menos por Facundo Terraza -del FIT-. El concejal de la Izquierda, precisamente, protagonizó en la campaña electoral de 2013 un incidente en el que fue agredido por militantes justicialistas vinculados presuntamente al intendente Carlos López Puelles. El hecho fue filmado por cámaras de vigilancia que, sin embargo, no permitieron identificar a los responsables y que, a la par, dejó muchas dudas sobre la forma en que se maneja políticamente esta tecnología. 

Ahora, Terraza sostuvo que el proyecto forma parte de “un negociado con una empresa de seguridad privada”. Pero además destacó que la inseguridad no se soluciona poniendo más dispositivos. “En la Ciudad de Mendoza, está lleno de cámaras pero la inseguridad ha crecido. No queremos un Gran Hermano y que la privacidad de las personas sea violada”. 

Gatica defendió su idea al señalar que las cámaras de vigilancia “van a ser la única forma en el futuro de prevenir la inseguridad. En cada barrio debe haber una sala de control, no importa la magnitud del barrio, para monitorear sus calles, sus cuadras y comercios. Lo que hoy no podemos hacer con cuatro móviles, lo podemos hacer con una cámara y una persona”, justificó. 

Por el contrario, el concejal del PD-PRO, Antonio Mafauad también cuestionó la eficacia de las cámaras, pero a la vez las consideró necesarias. 

“En Luján hay 36 cámaras, de las cuales sólo 6 están funcionando”, cuestionó el edil, pero también destacó que las cámaras han ayudado a la identificación de muchos delitos. Mafauad, que también es comerciante, sostuvo que la iniciativa es una contribución al Ministerio de Seguridad y que el Concejo Deliberante ha tenido que responder a los reclamos de los vecinos por “esta falencia del Estado”.  

Por su parte, el presidente del Concejo Eduardo Pérez recordó que un barrio -Peumayén, en Drummond- entregado por el IPV también adoptará esta tecnología. “No es sencilla la aplicación en lo posterior, pero es un buen avance para el departamento”, remarcó el concejal justicialista.  

Uno de los puntos que más polémica trajo fue el de los costos, puesto que se trata de tecnología cara. En este caso, Gatica explicó que la instalación correrá por cuenta de quien realice el emprendimiento. 

“Si no tiene las cámaras, no se le aprobará el final de obra, la urbanización. 

Ahora, el proyecto pasó a manos del Ejecutivo y ha quedado a disposición del intendente Carlos López Puelles decidir si reglamenta o no la iniciativa.