Las denuncias se fueron acumulando en manos de los fiscales de Guaymallén y, tras la investigación correspondiente, este martes se decidió actuar. Cinco órdenes de allanamiento se libraron en los predios donde viven los gitanos, a la vera de la ruta 7 en Kilómetro 11, por causas vinculadas a estafas en la venta de vehículos.
Fueron 30 las denuncias que se radicaron en las tres Oficinas Fiscales de ese departamento durante 2013 y lo que va de este año, por lo que los funcionarios decidieron acumularlas en manos del fiscal Juan Manuel Bancalari que, con la colaboración de su par Gonzalo Marzal, tomaron las medidas.
El modus operandi de los fraudes es siempre igual. “Publican los vehículos, que son de propiedad de ellos o no, con precios muy por debajo de los convencionales en diarios o páginas web. El comprador se ve tentado o busca hacer un negocio. Generalmente se trata de gente de campo, que tiene la plata en efectivo e ignora este tipo de delitos”, detalló Bancalari.
Los estafadores incluso entregan el vehículo a la víctima, le hacen firmar los formularios correspondientes y hasta en algunos casos le hacen la verificación correspondiente. Sin embargo, antes de la entrega definitiva y el cambio de dueño en el registro del automotor, surge algún inconveniente. “Dicen que falta algún papel o alguna traba legal y le piden al comprador que vuelva al predio –ubicado en la Lateral Norte del Acceso Este, en kilómetro 11-. Allí le sacan el rodado a la fuerza o lo engañan y no hay nadie. Muchas veces no hacen la entrega del vehículo cuando tienen una parte del dinero”, delineó.
Personal de Investigaciones, de División Automotores y cuerpos de Infantería llegaron a los cinco loteos donde viven los zíngaros con algunos nombres sobre los presuntos autores de los fraudes y para pedir la documentación de los vehículos que había en el lugar.
“Hay varios autos de alta gama, como Mini Cooper, BMW y tres Mercedes Benz. También hay camiones nuevos, 0 kilómetros, valuados en más de un millón de pesos”, aseguraron las autoridades que ingresaron al predio. “Cuando estábamos adentro, se comunicaban en rumano y no entendíamos lo que decían”, explicó una fuente judicial.
Si bien los habitantes del lugar accedieron a responder las preguntas de los investigadores, se tornaron violentos al arribo de la prensa y comenzaron a arrojar piedras contra los periodistas y camarógrafos presentes.
Las víctimas
Una de las víctimas fue Osvaldo Montoya, quien en mayo del año pasado le quiso comprar una camioneta a su hermana. Buscando en los avisos clasificados, vio una Toyota Hilux que se vendía en 80 mil pesos, un 30 por ciento menos del valor convencional, por lo que se acercó al domicilio en Rodeo de la Cruz.
“Les entregué la mitad del dinero -40 mil pesos- y me fui a hacer la verificación en la camioneta. Pero al otro día me dijeron que había un problema con la AFIP y que ese vehículo no me lo podían entregar”, relató el hombre.
Finalmente, logró que los gitanos le devolvieran la mitad del dinero que había señado, pero nunca pudo recuperar los 20 mil pesos restantes. “Me decían que volviera mañana, o al otro día, que no estaba la escribana, que faltaba la abogada”, explicó Montoya.
Osvaldo Montoya, víctima del fraude. Foto: Marcos Doña.
Otra de las causas que se acumulan en el expediente es la de un campesino de avanzada edad que reside en Malargüe. El pacto era que debía entregarles algunas máquinas para realizar trabajo agrícola y otra suma en efectivo, a cambio de un camión marca Scania.
Los vendedores viajaron hasta ese departamento del Sur mendocino y se llevaron su parte del trato, sin embargo, adujeron demoras para entregar el vehículo. La víctima, poco después, recibió un llamado donde los gitanos le informaban que ese modelo no estaba disponible por una traba legal y le ofrecieron otro rodado, aunque era de mayor precio.
El hombre de campo, arriesgó por última vez, y les entregó 100 mil pesos a la contraparte con la esperanza de tener el vehículo. Nunca llegó a sus manos ninguno de los dos camiones.
Antecedentes y continuación de la causa
En horas de la tarde noche de este martes se espera que finalice el procedimiento. En ese punto, el fiscal Bancalari tendrá en sus manos a los detenidos y a los vehículos secuestrados –se estiman que serán más de 30-.
Los aprehendidos serán imputados por estafas, un delito que generalmente arroja condenas excarcelables. Fuentes ligadas al caso explicaron que en la mayoría de los casos, víctima y victimario llegan a un acuerdo monetario para dejar la causa en suspenso.
“Si a alguien le sacaron 300 mil pesos y el estafador le dice que se los va a devolver en 30 cuotas de 10 mil, dado por perdido, la víctima accede”, explicaron los investigadores. En este caso, se libra a los imputados de recibir una condena penal y el expediente queda cerrado.
Esta fue la vía de resolución en un juicio que se desarrolló en 2011 contra dos familias de gitanos que residen en el mismo lugar. En ese caso se trató de casi 200 estafas que tuvieron lugar entre 2007 y 2010, donde el fiscal especial Santiago Garay las calificó como asociación ilícita. Los acusados llegaron a un acuerdo con las víctimas y quedaron en devolver parte del dinero y los vehículos.
El nombre que surgió en esa instrucción es el de la familia Esteban, que otra vez está mencionado en los expedientes del fiscal Bancalari. “Tienen nombres que no se saben si son apellidos, como Sasha, y apellidos que parecen nombres propios, como Juan o Esteban. Por esto se genera mucha confusión en la investigación”, mencionó un sabueso judicial.