Un subcomisario expulsado de la Policía de Mendoza por hechos de corrupción fue detenido la madrugada del viernes acusado de falsa de denuncia y amenazas coactivas contra policías que lo investigaron hace tres años y un civil que lo denunció por un allanamiento trucho en Luján. Peritajes tecnológicos en teléfonos celulares y cámaras de seguridad fueron determinantes para ordenar imputaciones en su contra.
La fiscal de Delitos No Especializados Patricia Atur, bajo la supervisión de la jefa de esa Unidad Fiscal, Laura Rousselle, fueron quienes trabajaron sigilosamente la causa durante dos meses y solicitaron, al levantar el secreto del sumario, la captura del otrora policía, identificado como Miguel Andrés Salinas y con pasado en diversas divisiones de Investigaciones como Búsqueda de Prófugos, Robos y Hurtos y la UID de Luján. El sospechoso quedó alojado preventivamente en la Oficina Fiscal Nº2 de Ciudad y pasará a la cárcel en los próximos días, después del martes.
Durante la detención se vivieron momentos de tensión con los efectivos de una fuerza de seguridad nacional que llegaron hasta su domicilio para ponerlo a disposición de la Justicia: se abalanzó sobre una pistola que tenía a su alcance pero logró ser reducido en pocos minutos. “Podría haber terminado mucho peor”, contaron fuentes que participaron de la medida.
Salinas se encontraba en libertad condicional al momento de ser sorprendido en su hogar de Blanco Encalada, ya que el año pasado reconoció en un juicio abreviado haber liderado el allanamiento ilegal en un domicilio de Carrodilla y quedarse con 350.000 pesos y 900 dólares el 18 de abril del 2020, cuando la pandemia por coronavirus alcanzaba niveles máximos de protección.
A pesar de reconocer los delitos que le endilgaba el fiscal de Delitos Económicos Santiago Garay, ser condenado a 3 años de ejecución condicional e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, al igual que otros tres policías que estaban a sus órdenes (y también recibieron mensajes amenazantes), la defensa presentó un recurso de casación buscando revertir el fallo. Estuvo diez meses en la cárcel de San Felipe.
Por la contundencia de los peritajes y declaraciones testimoniales incorporadas en el expediente por amenazas, los investigadores judiciales entienden que su situación procesal es muy complicada y podría llegar a juicio y ser condenado en un futuro no muy lejano.
Filmado
De acuerdo con información judicial, el Ministerio Público requirió a la Gendarmería que realice los trabajos de incorporación y análisis de pruebas en las últimas semanas, cuando comenzaron a profundizar las denuncias por las amenazas que recibieron policías a principios de año. El objetivo de las fiscales era que una fuerza de seguridad sin conexión directa con la Policía local desarrollara todas las labores instructivas para evitar cualquier tipo de contaminación que perjudique el expediente.
La información a la que accedió El Sol agrega que Salinas se puso en papel de víctima mientras las intimidaciones llegaban a los celulares de efectivos de Investigaciones y se autoenvió mensajes amenazantes al suyo para intentar despistar a los detectives.
El modus operandi del sospechoso fue detectado rápidamente por la fiscalía y la Gendarmería, debido a que lo tenían en la mira y se presentó a denunciar en el Polo Judicial. Ordenaron el secuestro de su celular y los peritos hallaron indicios que fueron confirmando la hipótesis.
Del análisis de su teléfono surgió que mantuvo comunicaciones a través de mensajes con uno de sus hijos, quien está esperando ser nombrado como Policía de la provincia, que permitieron comprobar que el joven colaboró para instalar la aplicación WhatsApp en un teléfono que compró un persa y fue utilizado para hacer las amenazas a integrantes de Investigaciones.
Justamente, allí está la prueba central de la causa: el posicionamiento de tu teléfono fue clave para ubicarlo a la hora y el día que fue adquirido en un negocio de un centro comercial el celular de donde surgieron las amenazas.
No solo eso: los gendarmes llegaron hasta cámaras de seguridad del persa y los aparatos lo captaron adquiriendo el aparato. Un informe con fotogramas fue incorporado al expediente. Por todas las pruebas que fueron surgiendo, fue notificado de todo el mismo viernes en el Polo Judicial e imputado. Se abstuvo de declarar por recomendación de su defensa.
Para los pesquisas, Salinas armó toda una red de engaños y amenazas contra sus pares para vengarse de la causa que le iniciaron luego de ser detenido por el allanamiento trucho de hace tres años. En febrero de este año fue notificado sobre la decisión del Ministerio de Seguridad de echarlo de la fuerza y eso pudo haber desencadenado en el armado de toda una trama para atacar a quienes eran sus pares.
El caso, detallaron las fuentes, está en sus primeros pasos y podría sumar más imputaciones en los próximos días, debido a que se cree que otras personas colaboraron para que los mensajes amenazantes llegaran a destino.
Es más, consideran que el teléfono de donde surgieron las amenazas fue plantado en el gimnasio del hombre al que le sustrajeron el dinero durante el allanamiento ilegal en Carrodilla, también para vengarse de las denuncias que le realizó en su momento e incriminarlo como autor de estos recientes hechos.
Medida trucha
Ese procedimiento ilegal ocurrió en abril del 2020 en un domicilio del barrio ex Mutual YPF de Luján. Efectivos de la UID Luján, por esos días liderados por Miguel Salinas, llegaron hasta la propiedad porque habían detectado que en el lugar había plantas de marihuana. Al parecer, el propietario fabricaba aceites y cremas de cannabis.
De la instrucción surge que los policías ingresaron sin orden de allanamiento y le pidieron dinero al responsable de la propiedad a cambio de no llevárselo detenido. Así fue que dejaron la casa con 350.000 pesos y 900 dólares y se llevaron las plantas. La víctima de ese hecho denunció la situación y la Justicia ordenó la captura de los sospechosos.
El sistema de posicionamiento satelital de las radios portátiles y de una movilidad ubicaron a los efectivos de la UID Luján en esa propiedad, por lo que se ordenó su captura. Con el paso de las meses, todos fueron reconociendo en debates abreviados las acusaciones y dejaron el penal.
Este hecho ocurrido hace más de tres años habría sido el “coletazo” de las amenazas y escraches que sufrieron a principio de este año policías de Investigaciones, potenciado por la exoneración de Salinas de la fuerza.