Parecía que la investigación que se inició por la muerte a tiros de Maximiliano Daniel Ríos (16) durante un allanamiento en la casa que compartía con su familia en el barrio Estación Espejo de Las Heras –conocido popularmente como los Cinco Mil Lotes– iba a quedar en un eterno pedido de “justicia”, principalmente, porque pasaban los meses –ocurrió la mañana del 10 de agosto del 2012– y no presentaba acusados. Sin embargo, se reactivó a mediados del año pasado tras un pedido de la querella y la reconstrucción del hecho.
Con todas las pruebas incorporadas, hace pocos días, el fiscal especial Santiago Maximiliano Garay concluyó que hubo responsabilidad penal durante la medida que se ordenó aquel día y elevó la causa a juicio oral con un acusado: un policía de 38 años del Grupo Especial de Seguridad (GES).
Para el pesquisa judicial, se trató de un caso de exceso de legítima defensa, por lo que el uniformado Pedro Nolasco Moya Cerdá –nacido el 7 de junio de 1977–, fue imputado por esa calificación que prevé hasta cinco años de cárcel. De no mediar nuevas apelaciones, deberá sentarse en el banquillo en un debate antes de fin de año.
Básicamente, el efectivo ingresó sorpresivamente a la vivienda con compañeros de su grupo y se encontró con Ríos sobre su cama. El menor se asustó y sacó un arma de fuego que tenía debajo de él –se cree que para protección, ya que sufría amenazas en el barrio–, pero nunca la accionó. El policía sí apretó el gatillo y disparó la ametralladora que portaba: una ráfaga de plomos terminaron con la vida el joven. En total, de acuerdo a la necropsia, recibió 14 plomos.
La decisión de acusar y elevar el expediente a juicio fue celebrada por la familia del fallecido, que está representada con el abogado Martín Ríos. Principalmente por el padre, Nelson Ríos, quien tomó repercusión pública en marzo del 2000 cuando fue uno de los músicos rehenes del motín vendimial en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Los parientes creían que la causa iba a quedar en la nada por el camino sin acusaciones que transitó en los Tribunales los meses posteriores al hecho al homicidio. Pero todo cambió con el paso del tiempo.
En un principio, recayó en manos del fiscal especial Daniel Carniello. Para el investigador, por las pruebas que había en su momento, se trató de un caso de legítima defensa –no prevé penas condenatorias– y la Justicia de Garantías coincidió.
El abogado de la familia cuestionó formalmente esa resolución y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal apartó a Carniello, ordenando que se profundizara la instrucción con otro representante del Ministerio Público.
Una de las medidas que ordenó el nuevo fiscal fue realizar la reconstrucción del hecho. Se llevó a cabo la mañana del miércoles 29 de octubre del año pasado y participaron como narradores del hecho familiares de la víctima y dos efectivos, entre ellos, el que terminó imputado.
Así fue el hecho
De acuerdo con las conclusiones a las que arribó el fiscal Garay, el crimen se produjo a las 6 en la casa de calle Galigniana casi Médico.
Allí ingresaron policías y detectives judiciales porque buscaban pruebas por un expediente por amenazas y abuso de armas que tenía como protagonistas a un hermano y el cuñado de Ríos, quienes estaban enfrentados desde hacía algunos días con un grupo de jóvenes de la zona. La medida estaba siendo supervisada por el ayudante fiscal Jorge Agustín Quiroga y participó una docena de policías del GES y 15 de la Unidad Especial de Patrullaje.
Moya Cerdá ingresó a una pieza y se encontró con Ríos sacando un revólver debajo de la cama. En ese momento, se produjo el crimen. Un hermano más chico de la víctima fue testigo de la balacera (en ese momento tenía 10 años).
El policía presentó una contracción clave en su declaración: dijo que la ametralladora que usó se encontraba en el modo de disparo único, cuando en realidad se encontraba en ráfaga. Así se confirmó por la cantidad de proyectiles que impactaron en la víctima y la declaración de los testigos, quienes señalaron que escuchó una sucesión rápida de balas.