Los tres abogados detenidos por la causa del presunto cobro de coimas a cambio de beneficios a imputados en causas federales, que tiene como sospechado líder de las maniobras al titular del Juzgado Federal Nº 1 Walter Bento, fueron indagados este jueves por el juez Eduardo Puigdéngolas y el fiscal General Dante Vega, que lideran la caliente pesquisa.

Los letrados se negaron a declarar, a la espera de que sea liberado el expediente judicial para sus defensores. 

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En representación de Matías Aramayo y Martín Ríos, detenidos el miércoles, asumió Pablo Cazaban; mientras que el patrocinio de Luciano Ortego, quien se entregó este jueves, quedó a cargo de Carlos Moyano. 

Aramayo y Ríos quedaron imputados como miembros de la asociación ilícita presuntamente liderada por Bento y en tres casos de cohecho activo. Mientras que Ortego fue acusado por los mismos delitos, pero con seis casos de cohecho, por lo que su situación es más complicada.

Desde la defensa de este último, solicitaron la excarcelación o, en subsidio, la domiciliaria, debido a que padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) y trombosis pulmonar, sostuvieron fuentes consultadas.

Para esto, estaban aguardando que su representante legal presentara unos informes médicos que constataran su situación de salud. 

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Mientras que Cazaban también pidió la excarcelación al entender que no existe peligro de fuga, ni de obstaculización de la investigación o de algún otro riesgo procesal.

El defensor consideró que sus clientes “nunca hicieron esas prácticas” que se le acusan.

Fuentes consultadas por El Sol explicaron que Aramayo y Ríos están sospechados de obtener beneficios de forma fraudulenta para dos clientes que representaban en causas federales.

Uno de ellos es Walter Eduardo Bardinella Donoso, quien terminó siendo clave para la investigación. Pero en el expediente consta que Bento rechazó todos los beneficios o recursos que presentaron los abogados imputados ante el juez Bento. 

Mientras que en otra causa, en la que habían dos imputados, se le otorgaron beneficios, pero fue previo a que Aramayo y Ríos asumieran su patrocinio legal, sostiene la información. 

Así las cosas, los defensores por estas horas se encuentran analizando cada rincón del expediente y así armar su estrategia para las instancias que vienen.

Por mientras, los tres letrados acusados continúan detenidos en diferentes comisarías de la provincia, a la espera de que Puigdéngolas defina los pedidos de excarcelación.