La denuncia contra una mujer por los presuntos abusos sexuales a su hija de 10 años sigue estremeciendo a la provincia. Tras la encarcelación de acusada, la investigación atraviesa días decisivos que podrían definir el futuro de la causa.
Mientras el fiscal de Rivadavia-Junín Carlos Giuliani se encuentra a la espera de informes para determinar si solicitará o no la prisión preventiva contra la imputada, la defensa insiste con la hipótesis de una venganza por parte del padre de la niña y ex pareja de su cliente.
Para los abogados Agustín Patti y Federico Núñez, el hombre pudo haber manipulado a la menor para que declare en contra de su madre, todo con el objetivo de tomar represalias por el cambio de orientación sexual de la mujer, que provocó la separación de la pareja.
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Por ese motivo, solicitaron al representante del Ministerio Público que el ex cónyuge de su representada sea sometido a un examen psicológico para determinar una “animosidad de castigo” a la hora de radicar la denuncia.
Para esto, los letrados se apoyan en el peritaje realizado en conjunto por una perito oficial del Cuerpo Médico Forense (CMF) y una de parte, del cual surge que la sospechosa tuvo “dificultades con el entorno familiar de su ex pareja, luego del cambio de orientación sexual”.

Ese estudio agrega que “la imputada ha sido víctima de una gran discriminación, un prejuicio sexual, es decir, una actitud negativa y hostil respecto a su elección no heterosexual por parte de su ex pareja“.
Fue la perito de parte quien sugirió “que se practique una pericia psíquica al denunciante dada la gravedad de los hechos denunciados”. Y agregó que “podría haber una animosidad de castigo hacia la imputada, por parte del progenitor denúnciate debido a su elección sexual”.
Tras el pedido de esa medida por parte de la defensa, el representante del Ministerio Público deberá responder. En caso de que desde la Fiscalía le nieguen esa posibilidad, los letrados adelantaron que agotarán todas las instancias judiciales posibles para proceder con la solicitud.
Mientras tanto, la acusada, de 34 años, continúa alojada en la Unidad Nº 3 de Mujeres y este viernes terminará el periodo de aislamiento que dicta el protocolo del COVID-19.
Una vez finalizado, será llevada con el resto de la población carcelaria y desde su entorno existe preocupación por posibles ataques de parte de otras internas.
La mujer se encuentra imputada por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la guarda en concurso real por tratarse de un número indeterminado de hechos.
La denuncia
El caso revelado por El Sol tuvo su inicio semanas atrás cuando el padre de la niña se presentó en la Comisaría 13ª de Rivadavia y denunció que su ex pareja, que trabaja de celadora en un jardín maternal, había cometido reiterados abusos contra su hija.
Según contó el hombre, la pequeña le aseguró que había sido manoseada y accedida carnalmente con los dedos por su progenitora, tras la separación que atravesaron sus padres.
Tras la presentación judicial, se dispusieron diferentes medidas y dos de ellas complicaron a la mujer: un informe del PPMI y la declaración en Cámara Gesell de la menor.
En ambos casos, la niña habló ante los especialistas de una situación de abuso, por lo que el fiscal Giuliani ordenó la detención de la mujer y la imputó.
