Un intento de robo fue desbaratado este viernes en pleno centro de la Ciudad de Mendoza gracias a la rápida intervención de un custodio del Gobernador y efectivos de la Policía de Mendoza. El hecho ocurrió en la zona de Primitivo de la Reta y Amigorena, cuando un hombre intentó sustraer una motocicleta estacionada sobre la calle Garibaldi.
El agente de custodia advirtió la maniobra y actuó de inmediato, reduciendo al sospechoso hasta la llegada de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), que colaboró en el procedimiento y concretó la detención en una de las áreas de mayor circulación del microcentro.
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Durante la requisa, los policías le secuestraron un cuchillo de 10 centímetros de hoja y varias herramientas metálicas que se presume eran utilizadas para forzar sistemas de encendido de motocicletas y otros vehículos.
Al momento de constatar la identidad del malhechor, no solo se pudo comprobar que ostenta un amplio prontuario delictivo sino que además fue beneficiado con la libertad condicional por parte deljuez Sebastián Sarmiento.
El magistrado, quien el próximo jueves 11 sabrá si un Jury de Enjuicimiento lo juzgará por mal desempeño, había firmado el dictamen a favor del detenido el pasado marzo. Un dato no menor: El Servicio Penitenciario había recomendado no brindarle dicho privilegio un mes y medio antes.
El ladrón había sido condenado en marzo de 2022 a tres años de ejecución condicional por una serie de cuatro delitos cometidos entre marzo y diciembre de 2021, que incluían encubrimiento, encubrimiento simple, robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y robo agravado de vehículo en grado de tentativa. Esa condena le permitía permanecer en libertad bajo ciertas condiciones, siempre que no volviera a delinquir y cumpliera con pautas establecidas por la Justicia.
Sin embargo, en diciembre de 2022, la Justicia resolvió revocar su libertad condicional luego de que volviera a cometer un delito: un robo agravado de vehículo en grado de tentativa ocurrido el 2 de noviembre de ese mismo año. Por este hecho recibió una nueva condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, con fecha de finalización prevista para octubre de 2025.
A su vez, el Servicio Penitenciario había evaluado negativamente su desempeño y, en enero de 2025, revocó su Fase II del período de tratamiento, lo que indica una caída en los parámetros de conducta requeridos para progresar dentro del régimen penitenciario.
A pesar de esos antecedentes y del retroceso evaluado por el Servicio Penitenciario, el 6 de marzo de 2025 el juez Sarmiento decidió otorgarle nuevamente la libertad condicional, permitiéndole salir de prisión antes de completar su pena.
Esta situación es especialmente relevante porque fue detenido en un nuevo intento de robo, lo que pone bajo análisis una vez más tanto su comportamiento en libertad como la efectividad de las decisiones judiciales y penitenciarias previas.
Más allá de los cuestionamientos que recaen sobre las decisiones de Sarmiento, es necesario destacar también que desde el Ministerio Público Fiscal, no existen apelaciones sobre las liberaciones.
La denuncia contra Sarmiento
Sarmiento enfrenta un pedido de juicio político por “mal desempeño” presentado formalmente por el diputado radical Franco Ambrosini. La iniciativa se fundamenta en una serie de decisiones judiciales adoptadas por el magistrado que generaron fuerte malestar en el seno de la gestión de Alfredo Cornejo.
Según el legislador sanrafaelino, Sarmiento concedió la libertad anticipada a personas condenadas por delitos graves, quienes luego reincidieron en hechos violentos. En su presentación, Ambrosini adjuntó cinco expedientes para respaldar la acusación.
Entre ellos, se destacan tres casos emblemáticos: el abuso de una niña de 12 años en San Rafael, el crimen del expolicía Héctor Pelayes y el asesinato de Héctor Quiroga. En todos, los autores habían sido beneficiados con la libertad condicional dispuesta por Sarmiento.
Además, el diputado incorporó como agravantes otras dos decisiones del juez: el traslado de internos a San Rafael, presuntamente sin la debida fundamentación; y su oposición a la resolución que buscaba restringir el uso de celulares en las cárceles de Mendoza.