Desde el viernes 14 de marzo a la mañana, día en el que cayó presa mientras conducía una camioneta blanca valuada en más de medio millón de pesos cerca de su chalet de Juana Koslay, en San Luis, Sandra Jaquelina Vargas, la presunta jefa narco del oeste de Godoy Cruz, conocida como la Yaqui, había preferido callar en los expedientes que se le iniciaron en la fiscalía de ese departamento por asociación ilícita y falso testimonio agravado. Sin embargo, la estrategia de la defensa presentó un giro importante en las últimas horas y pidió comparecer ante el fiscal Juan Carlos Alessandra para dar su versión. La mujer de 37 años declaró en la primera de las citadas causas y aseguró, entre otros escasos puntos, que las sospechas que pesan sobre ella “son un invento de los periodistas” y “de la policía” godoicruceña, que la persigue desde hace años, tal como informaron fuentes judiciales.
Además, sostuvo que su detención fue “una respuesta desesperada” al pedido que hizo el gobernador Francisco Pérez para terminar con la inseguridad y que se profundizara una investigación en contra de ella en febrero de este año, después de que la fiscal especial Claudia Ríos abriera una causa por amenazas cuando trascendió que policías de Inteligencia Criminal enviaron un informe escrito sosteniendo que había órdenes de matar a trabajadores de este diario. Finalmente, ese expediente fue archivado por falta de pruebas, pero los pesquisas judiciales y policiales tomaron el mensaje y hubo un fuerte trabajo en conjunto que permitió incorporar pruebas que llevaron al arresto de más de una decena de personas.
La Yaqui Vargas, a pesar del pedido para declarar, llamativamente no aceptó preguntas del fiscal Alessandra. Se limitó a relatar algunas frases y se dejó constancia del acto procesal que se desarrolló el viernes en el segundo piso de los Tribunales provinciales. Ella no fue la única en hablar en esa causa que prevé de tres a diez años de cárcel (en su caso, el mínimo se eleva dos años por estar acusada en calidad de jefa).
Manteniendo esa misma línea estratégica, su hija mayor, Silvina Gelvez, de 21 años, aseguró que no integraba una organización criminal –en respuesta a la acusación por asociación ilícita– y desmintió la existencia de los angelitos de la Yaqui, señalados como jóvenes sicarios y distribuidores de drogas que respondían a las órdenes de su madre a cambio de vehículos y dinero en efectivo.
De acuerdo con lo agregado por las fuentes, esta exposición fue la primera de otra que se desarrollará próximamente en la fiscalía en la otra instrucción que se sigue en contra de madre e hija oriundas de los barrios del oeste de Godoy Cruz por falso testimonio agravado en la causa que se inició después del crimen de Cristian Gelvez. El marido de la Yaqui, de 40 años, fue acribillado con tres balazos en el Campo Papa el 19 de enero –murió tres días después en el Hospital Lagomaggiore– y ambas declararon formalmente en esa causa. Dijeron que el autor del crimen había sido Juan Chicho Paez, un sujeto con quien estaban enfrentados. Según la instrucción, la Yaqui y su hija mintieron para despistar a los pesquisas cuando sabían que Javier Enrique Quirino, un ex penitenciario apodado el Carnicero, era el autor del ataque. Se cree que cambiaron la versión para que parte de la organización vengara el asesinato de Gelvez terminando con la vida de Quirino en la calle, mientras los detectives enfocaban la investigación en Paez.
Para la fiscalía, está comprobado –gracias a gran cantidad de pruebas instrumentales que anexaron en los expedientes– que la mujer lideraba una banda delictiva y daba órdenes a sus miembros para que se cometieran ciertos delitos.
En total, son 10 los imputados que tienen las causas provinciales y sólo uno de ellos, la hija menor de Vargas –tiene 17 años– está en libertad después de que se comprometiera a estudiar y capacitarse en un oficio. Además, la Justicia federal investiga al clan familiar por lavado de activos y comercialización de estupefacientes. Para los investigaciones, Vargas y los sospechosos de ser parte de la banda vendían drogas y con el dinero que juntaban adquirieron diversos bienes, como propiedades y vehículos.
Las mismas calificaciones
Silvana Natalí Vargas, hermana de la presunta jefa narco, fue imputada por asociación ilícita y falso testimonio agravado. La mujer de 28 años tenía pedido de captura y fue atrapada el viernes 18 de julio en un camping de Rivadavia junto con su pareja, Miguel Ángel Valdivia, también acusado por formar parte de la organización. Son diez los acusados y sólo resta atrapar a otro hermano.