Una fuerte expectativa rodea por estas horas a la causa que investiga la denuncia por abusos sexuales, maltratos y amenazas contra Juan Antonio Chacho Garay. De acuerdo con fuentes judiciales, en las próximas horas se entregará la empleada de la Legislatura provincial que fue sindicada por la ex pareja del humorista como partícipe de las vejaciones que sufrió en su vivienda de Luján.
La mujer llegó este lunes a Mendoza luego de pasar unos días de vacaciones en el Caribe y se presentará este martes en el Polo Judicial, acompañada por el abogado defensor Carlos Moyano. Las fuentes agregaron que será inmediatamente imputada por el fiscal de Violencia de Género Daniel Carniello.
Luego de ese paso procesal (la acusación la tiene en la mira como coautora de abuso sexual y amenazas), lo más probable es que el representante del Ministerio Público le otorgue el beneficio de la detención domiciliaria tal como pretende la defensa, en caso de que estén dadas las condiciones en el expediente, agrega la información.
Casi al mismo tiempo, Garay deberá presentarse este martes en la Sala 22 D del citado edificio judicial, ya que allí se desarrollará a partir de las 12.10 la audiencia para tratar el pedido de revocación de la detención domiciliaria que efectuaron los querellantes Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton.
La jueza Alejandra Mauricio, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, será la encargada de definir si el comediante continúa detenido en la casa de su hermana o si debe pasar a prisión mientras se continúa la investigación en su contra.
El caso que tiene en el centro de las sospechas al artista mendocino que saltó a la fama allá por el año 2000 al ganar el Campeonato Nacional del Chiste del popular show televisivo Videomatch, tuvo su inicio en abril después de que la su ex pareja se presentó ante la Justicia y lo denunció por amenazas con armas.
Con el paso de los días, la mujer amplió la denuncia a través de diferentes presentaciones y ofreció detalles de las fiestas sexuales que eran organizadas por Garay y a las que era obligada a participar junto con otras personas, como la mujer que trabaja en la Casa de las Leyes y algunas del mundo de la farándula, tal como surge del expediente.
De acuerdo con los dichos que plasmó la denunciante en la causa, esos encuentros carnales eran filmados y en ocasiones fue forzada a tomar ansiolíticos y hasta increpada a punta de escopeta para mantener bajo secreto los hechos.