Al contrario que en el resto del país, en Mendoza las causas de portación de armas de fuego que son incautadas en procedimientos vinculados al narcotráfico son investigadas por la Justicia local, en paralelo al expediente que se inicia en el fuero federal.

Sin embargo, un fallo que se ventiló la semana pasada en los Tribunales de calle España cambió por primera vez esa situación y sentó un precedente.

La resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones surgió a partir de un pedido del Ministerio Público para que el secuestro de un arma de guerra que portaba un detenido por infracción a la ley 23.737, sea instruido por la Justicia federal.

En el hecho ocurrido en Las Heras, el sospechoso, identificado como Franco Lautaro Martínez Pérez, se le frenó la marcha cuando circulaba a bordo de un Renault Clio gris por Fray Luis Beltrán.

Durante la requisa, los policías le hallaron un arma calibre 38 y tres municiones que llevaba en el asiento del acompañante. Mientras que en la parte trasera llevaba un bolso con 23 envoltorios y tres bolsas que contenían cocaína (127 gramos) y otro paquete con 36,4 gramos de marihuana.

El fiscal general Dante Vega consideró que existe un vínculo entre el hallazgo del arma y de las sustancias que tenían como destino la comercialización, de acuerdo con la investigación, por lo que debía ampliarse la imputación al detenido.

Ese pedido ya había sido realizado ante un juez de primera instancia, pero fue rechazado. Por lo que el representante del Ministerio Público apeló.

Los camaristas de la Sala B Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Cantineira de Dios y Juan Ignacio Perez Curci hicieron lugar al recurso de apelación y ordenaron que, por las características del hecho, la investigación debe realizarse de forma unificada.

Además, destacaron que la portación está íntimamente vinculada al presunto comercio de estupefacientes y que, en algunos casos, el uso de armas facilita la comisión de ese delito.

Agregaron que en ese caso en concreto, Martínez Pérez llevaba el arma en el asiento del acompañante y que pudo servirse de la misma para asegurar y facilitar la venta de sustancias o, incluso, para agredir ante determinadas circunstancias.

Así, se solicitará a la Justicia ordinaria las actuaciones y los elementos secuestrados para que ese expediente se unifique con la causa federal.