La defensa de Walter Bento solicitó la reanudación inmediata del juicio contra el exjuez federal, luego de que el Tribunal ordenara la suspensión de las audiencias hasta el 7 de marzo próximo.
Los abogados Mariano Fragueiro Frías, Gustavo Domingo Gazali y Felipe Salvarezza presentaron una denuncia por “la vulneración del plazo máximo de suspensión del proceso” y solicitaron la integración del Tribunal mediante la convocatoria de una jueza sustituta que garantice los derechos de los seis detenidos con prisión preventiva en la causa.
En este sentido, señalaron que, en caso de no adoptarse esta medida, debería disponerse el reinicio íntegro del debate desde su origen.
“La suspensión del juicio por casi tres meses, dado que la última audiencia se realizó el 19 de diciembre de 2024, constituye una violación a la ley procesal escrita, circunstancia que afecta los principios más elementales que guían la realización del debate oral y público”, señala el escrito presentado este jueves por los representantes de Bento.
Según la defensa, el juicio, que comenzó el 26 de julio de 2023, se desarrolló de manera ininterrumpida hasta septiembre de 2024, cuando las audiencias comenzaron a reducirse sin explicaciones claras. Posteriormente, en noviembre de 2024, la presidenta del Tribunal, la jueza Gretel Diamante, dejó de asistir presencialmente y comenzó a participar de manera remota.
En este sentido, detallaron que las audiencias programadas para noviembre y diciembre fueron canceladas o postergadas por “cuestiones de agenda” o “razones de salud” de una de las magistradas.
La situación se agravó en febrero de 2025, cuando se dispuso la suspensión del juicio hasta el 7 de marzo, lo que implicará una interrupción de casi tres meses. Los abogados denunciaron que esta medida viola el artículo 291 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece un plazo máximo de suspensión de 15 días cuando un juez no puede continuar en funciones y no hay un reemplazo inmediato.
Los letrados argumentaron que el Tribunal debió haber integrado a la jueza sustituta Carolina Prado, quien había seguido el desarrollo del juicio de manera remota desde su inicio. La omisión de esta medida, según la defensa, pone en riesgo el proceso y podría llevar a la necesidad de reiniciar todo el juicio, afectando a los imputados, algunos de los cuales permanecen en prisión preventiva.
En su presentación, la defensa destacó que la suspensión vulnera principios fundamentales del debido proceso, como la inmediación, la concentración y la continuidad del juicio. Además, cuestionó la aplicación de normas del antiguo Código Procesal Penal de la Nación en lugar del CPPF, que entró en vigencia en Mendoza el 5 de agosto de 2024.
Los abogados solicitaron que el Tribunal resuelva la situación con urgencia, ya sea incorporando a la jueza Prado o, en su defecto, ordenando el reinicio del juicio. También hicieron reserva de plantear nulidades y recurrir a instancias superiores en caso de que no se garantice el cumplimiento de las normas procesales vigentes.
Walter Bento está acusado de liderar una asociación ilícita que exigía dinero a cambio de favores judiciales. En noviembre de 2023 fue destituido de su cargo en un juicio político y, desde ese día, está encarcelado en el penal federal de Cacheuta.