En medio de la bautizada operación “Dictadores Digitales”, efectivos de la Policía Federal realizaron allanamientos en varias provincias y detuvieron a integrantes de una organización criminal que hackeaba y filtraba datos de empresas y organismos públicos de todo el país. El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y marcó uno de los golpes más importantes del año contra el delito informático.
El cibercrimen también tenía base en Mendoza, con la detención de un joven sospechoso en el barrio Lihué de Guaymallén.
La investigación, que comenzó en marzo, permitió detectar cómo un grupo de hackers comercializaba información obtenida de bases de datos vulneradas mediante un programa automatizado conocido como Sherlock Alerts.
Esta herramienta, diseñada para operar en plataformas de mensajería instantánea, permitía acceder a datos personales con solo escribir un número de DNI. Parte de esas consultas, según confirmaron fuentes del caso, se originaban en direcciones IP de Mendoza.
El “bot” era parte de un sistema de mayor escala administrado por una comunidad de ciberdelincuentes autodenominada Dictadores. Desde allí, se ofrecían servicios de intrusión digital, venta de credenciales y manipulación de registros oficiales.
Los investigadores del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) lograron reconstruir la estructura interna del grupo, que contaba con desarrolladores, coordinadores de canales y operadores técnicos especializados en distintas ramas del cibercrimen.
En Mendoza, hubo un allanamiento orientado a localizar a miembros vinculados con el lavado de activos y la intermediación financiera. Según fuentes policiales, uno de los detenidos en la provincia se encargaba de intercambiar criptomonedas y dinero en efectivo, actuando como nexo entre los hackers y organizaciones narcocriminales que operan en Rosario. En los procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y divisas extranjeras.
Las pesquisas revelaron además que la banda ofrecía servicios de manipulación de bases públicas y privadas, la generación de recetas médicas falsas y la alteración de datos en sistemas oficiales. Entre los hallazgos más preocupantes se detectaron accesos indebidos a bases gubernamentales y de empresas del sector financiero, desde donde se extraía información para fraudes y extorsiones.
En paralelo, los investigadores descubrieron un método inédito en el país: los delincuentes reclutaban a personas de bajos recursos para abrir cuentas en distintas plataformas, que luego eran utilizadas para mover dinero o realizar operaciones fraudulentas. Esa maniobra también tuvo ramificaciones en Mendoza, donde se rastrearon transferencias con destino a billeteras digitales locales.
La operación incluyó un total de 22 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y nuestra provincia, con once detenidos (diez hombres y una mujer).
En poder de los acusados se incautaron sumas en pesos, dólares, euros y otras monedas extranjeras, además de vehículos, equipos informáticos y dos kilos de marihuana. Todo el material quedó bajo análisis del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González.
Con la evidencia reunida, los investigadores buscaban dimensionar el daño causado por las filtraciones y determinar qué bases de datos fueron modificadas.