El miércoles 6 de julio por la mañana, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) irrumpieron en joyerías y cuevas del microcentro mendocino, luego de meses de investigación por sospechas de lavado de dinero, mercado negro de oro, evasión fiscal, contrabando y hasta comercio de drogas. Apuntaron a dos jóvenes de 25 y 27 años como responsables de “un imperio” que no paró de crecer desde el inicio de la pandemia.

Pasaron a tener autos lujo y coquetas casas en barrios privados y abrieron nuevas sucursales para presunta venta de alhajas, además de bares, de un día para el otro, bajo engañosas fachadas sin que nadie se los impidiera, se desprende de los trabajos investigativos revelados la semana pasada.

No hubo detenidos durante los 22 allanamientos que se desarrollaron en conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA). La causa quedó en manos del juez Marcelo Garnica y las medidas permitieron el secuestro de millones de pesos (en moneda argentina y extranjera), máquinas para contar billetes, armas de fuego, computadoras y un poco de marihuana. Todos los locales fueron clausurados por la Municipalidad de Ciudad a pedido de los detectives.

A estos les llamó la atención que, dentro de las 74 personas que quedaron de alguna manera vinculadas a la investigación, identificaron a tres ex policías que hacían de custodia de algunos de los locales.

Casi todos responderían, señalaron fuentes judiciales, a un comisario que ya no está en funciones y que era contratado por los señalados responsables de los comercios para que desarrollaran tareas de vigilancia porque se movían grandes sumas de dinero.

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De acuerdo con información a la que accedió El Sol, la identificación de los miembros de la fuerza retirados llegó hasta la Inspección General de Seguridad (IGS) para que analice su situación administrativa, debido a que si bien ya no realizan tareas para el Ministerio de Seguridad, no pierden en su totalidad el estado policial y podrían sufrir algún tipo de consecuencias en el futuro si existe la posibilidad de ser convocados para volver a desarrollar tareas en el Estado.

En las últimas horas, se abrió un sumario luego de un informe de la PCN –confiaron desde el organismo que tiene como presidente a Marcelo Puertas– con el objetivo de conocer cómo era su relación con los locales allanados y qué tipo de tareas cumplían.

Los efectivos retirados fueron sorprendidos en los domicilios allanados de Las Heras 260, donde funcionaba la joyería bajo la razón social Stefano Cannella, y en Rivadavia 98, de Ciudad.

En el primero de los locales, fue identificado un policía de 51 años con domicilio en el barrio Amuppol, de Maipú. Tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa con tres cargadores y 21 cartuchos.

Fuentes de la causa agregaron que presentó la documentación referente a la portación con vencimiento para fecha 1 de noviembre del 2018 y legítimo usuario con vencimiento para el 1 de noviembre de este año. Debido a esto, después de los procedimientos de la semana pasada, fue derivado a la Oficina Fiscal Nº3 porque presentó el carnet de portación vencido.

Por su parte, en calle Rivadavia fueron individualizados dos policías retirados. Uno nacido el 10 de marzo de 1973, domiciliado en el barrio Foecyt, de Godoy Cruz, quien dijo que cumplía funciones de “asesor de seguridad” y poseía un revólver calibre 22 sin marca ni cartuchos visibles.

Se hallaba junto con otro, de 52 años, oriundo del barrio Cerro Arco, de Las Heras. También indicó a los agentes de la PCN que era policía retirado y que realizaba tareas como asesor de seguridad.

Voluntariamente, hizo entrega de una pistola calibre 380, un cargador y 12 cartuchos. Presentando, además, la cédula de legítimo usuario, portación y tenencia. Sobre este último no se tomaron medidas porque presentaba la documentación correspondiente.

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Más allá de eso, de acuerdo con información a la que accedió este diario, los policías retirados tenían un rol clave y venían cumpliendo trabajos de custodia en la mayoría de los comercios desde hacía meses, ante las crecientes movidas de dinero de manera ilegal.

Para los investigadores, las joyerías eran una gran una pantalla para ocultar la verdadera actividad: cuevas que contaban con arbolitos en sus ingresos.

A modo de ejemplo, de las 7 allanadas en el microcentro, 5 tenían en la entrada sitios llamados “trampas”, que consistían en paredes falsas, bajofondos y habitáculos ocultos en muebles confeccionados de forma artesanal con cierres electrónicos que permitían ocultar dinero en caso de medias judiciales.

La investigación que apunta a las cuevas cambiarias, que se desarrolló durante más de un año, todavía no está culminada. Se espera que la Justicia avance con acusaciones contra los dos principales sospechosos, debido a que no tendrían cómo justificar sus bienes.

De la instrucción se desprende que ambos contaban con el apoyo de contadores para avanzar en el mundo de la compra y venta de divisas a través de cuevas.

El resultado de las medidas arrojó el secuestro de 4.100.000 pesos argentinos, 49.900 dólares estadounidenses, 7.480 euros, 19 máquinas de contar dinero, 2 armas de fuego, 21 cartuchos calibre 9mm, 41 equipos electrónicos, 11 equipos informáticos, 4 balanzas, 100 gramos de cannabis, 6 plantas de cannabis sativa, 2 dos de MDMA (éxtasis) y 4 cartuchos vaporizadores de tetrahidrocannabinol (THC).