El comisario Dino Enzo Rossignoli estaba lejos de ser un pronosticador del tiempo. No tenía idea sobre cómo leer un radar de contingencias climáticas. Era el titular de la Policía Federal de Mendoza y su principal función consistía en dirigir y coordinar la detección, prevención e investigación de delitos garantizando que se aplicaran determinados procedimientos según la normativa vigente, como rezan los manuales policíacos.
Llamativamente, mientras se encontraba en funciones, se comunicaba utilizando códigos con personajes oscuros vinculados con la compra y venta ilegal de moneda extranjera y les decía a través de mensajes de texto y audio de WhatsApp, por citar algunos casos que motivaron las acusaciones en su contra, “mañana por la mañana llueve en la galería, pero no te vas a mojar”, como podría hacer un metereógolo.
En efecto, esas precipitaciones no eran una realidad: se trataba de advertencias sobre posibles movimientos policiales o de inspectores municipales en la zona de los locales comerciales donde operaban los cambistas.
Rossignoli se hizo cargo de la delegación local ubicada en calle Perú de Ciudad en junio del 2020, cuando la pandemia por el coronavirus avanzaba en todo el territorio argentino. Pero, al poco tiempo, un grupo de investigadores comenzó a seguirlo de cerca por actos de corrupción.
Sospechaban que estaba dando protección liberando la zona a los cambistas, a cambio de recibir miles de dólares, y lograron confirmarlo en esa etapa de la pesquisa cuando secuestraron teléfonos celulares y documentación en decenas de allanamientos.
Desde setiembre del año pasado, Rossignoli está encerrado en la cárcel federal de Cacheuta por presuntos casos de soborno. Una investigación de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) de la provincia, que contó con la instrucción del titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, Marcelo Garnica, lo ubicó como miembro de una asociación ilícita integrada también por dueños de locales comerciales –como joyerías y bares de calles Catamarca y 9 de Julio, entre otras– que, en realidad, se dedicaban a comercializar dólares y oro sin la autorización correspondiente.
El todavía miembro de la fuerza federal está procesado en una causa inicial que tuvo su pico de ebullición entre julio y setiembre del año pasado, cuando la PCN desarrolló allanamientos y luego ejecutó órdenes de detención para intentar cortar con estas actividades que potenciaron el crecimiento económico de un grupo de personas, entre las que se encontraban los señalados propietarios de las joyerías que funcionaban como pantalla de las financieras Stefano Cannella y Vía Roma, Nicolás Bazán y Renzo González.
El 14 de setiembre, Rossignoli quedó detenido. Y con el paso de los días fueron cayendo más integrantes de la señalada organización que estaba contra las cuerdas, entre los que se encontraban también personajes que lavaban el dinero que generaban y policías retirados que oficiaban de custodios de los negocios, quienes también terminaron procesados.
Al jefe policial le secuestraron teléfonos celulares y este fue el principio del fin para él. Un detallado análisis de los aparatos permitió conocer que no sólo se contactaba con el citado Bazán para permitirle que continúe con sus actividades y brindarle protección, también lo hacía con otro grupo de cueveros que movían miles de pesos diariamente.
Esto dio inicio a una causa paralela en el juzgado de Garnica, la que permitió imputar antes del 19 de abril a Rossignoli (en 20 casos de cohecho pasivo, es decir, recibir dinero u otra dádiva) y a los responsables de las pequeñas financieras que tenían base en la Galería Tonsa de Ciudad, tal como publicó El Sol.
El objetivo de las medidas, además de confirmar algunas identidades, fue secuestrar dinero, documentos y más aparatos de telefonía para ir cotejando con lo que se visualizaba en el celular de efectivo de alto rango.
Días después, los sospechosos comenzaron a desfilar en los Tribunales federales para notificarles la imputación de cohecho activo (ofrecer o hacer entrega de una coima a un funcionario público), que es excarcelable. De acuerdo con fuentes tribunalicias, “todavía resta comunicarles la acusación a varios de los sospechosos”.
Lo cierto es que el comisario federal tenía cientos de conversaciones con estos personajes vinculados al mundo de las cuevas. Y para los detectives de la PCN y la Justicia, coordinaba juntarse con ellos una vez por mes en algunos cafés del Centro para recibir los “sobres” con las coimas.
Siempre presentaba el mismo modus operandi, y quienes se hacían cargo de los sobornos lo entendían a la perfección. Hablaban en código pero los pesquisas dedujeron con celeridad que se trataba de encuentros donde podría haber actos de corrupción.
“Hoy puede que llueva, metete las mesas, sí?”, advirtió en mayo del año pasado Rossignoli a uno de los acusados sobre la posibilidad de presencia policial en la zona cambiaria más popular de la provincia, la Galería Tonsa. La respuesta siempre era agradecida y hasta podía ampliarse el diálogo con más detalles.
Para los pesquisas, estas situaciones se daban luego del pago de las coimas. Previamente, Rossignoli y los hombres que estaban interesados en juntarse o comunicarse con él acordaban reunirse en cafés del Centro o en la misma delegación federal de calle Perú. “Hola, ¿mañana nos tomamos un café?”, escribió a los cueveros decenas de veces para coordinar los encuentros y arreglar, entienden los investigadores, el pago de los sobornos.
Los dueños de esas financieras truchas también pedían encontrarse con él y siempre ponían en primer lugar “el café” como lugar de encuentro para profundizar las charlas.
Todo tiene que ver con todo
La megacausa por coimas, venta ilegal de divisas y lavado de dinero se profundizó luego de un año de investigación el miércoles 6 de julio, cuando efectivos de la PCN desplegaron 22 allanamientos en joyerías y bares del Centro por sospechas de mercado negro de oro, evasión y lavado de activos.
Los locales eran una pantalla para su verdadera actividad: la compra y venta de moneda extranjera. Sus dueños, dos jóvenes identificados como Nicolás Bazán y Renzo González, mostraban en las redes sociales un crecimiento patrimonial que despertó el interés de los detectives.
Empezaron a mostrarse con ropa costosa, joyas y vehículos de alta gama en sus perfiles de Instagram y esto generó que policías de la PCN comenzaran a buscar pruebas sobre el coqueto modo de vida que llevaban. Así fue que descubrieron que estos jóvenes habían potenciado las razones sociales vinculadas a la venta de alhajas Stefano Cannella y Vía Roma pero poca actividad presentaban en su rubro específico. Los efectivos realizaron trabajos de campo y constataron que se trataba, en realidad, de cuevas donde los dólares iban y venían sin control.
Las medidas fueron positivas: secuestraron documentos, teléfonos, 4.100.000 pesos, casi 50.000 dólares, 7.480 euros, 19 máquinas de contar dinero, 2 armas de fuego, 21 cartuchos calibre 9mm, 41 equipos electrónicos, 11 equipos informáticos, 4 balanzas, 100 gramos de cannabis, 6 plantas de cannabis sativa, 2 dosis de MDMA (éxtasis) y 4 cartuchos vaporizadores de tetrahidrocannabinol (THC). También documentación de importancia, como el llamado “libro de las coimas”, donde los sospechosos registraban en las entradas y salidas de dinero y ponían a la Policía Federal como un gasto mensual.
En setiembre se produjo la detención de Rossignoli, Bazán y González, entre otros. En total, fueron 14 los que terminaron procesados. Se destacaban policías que custodiaban las cuevas, una contadora y otros hombres sospechados de colaborar en el lavado de dinero.
Gracias a estas primeras medidas, la PCN analizó los documentos y los teléfonos celulares y descubrió que Bazán y compañía no eran los únicos hombres ligados al mundo cambiario que se contactaban con Rossignoli, lo que motivó este 19 de abril realizar nuevos allanamientos luego de que se ventilaran las nuevas imputaciones.
