La Justicia Civil determinó que el Gobierno provincial deberá indemnizar a la familia de Florencia Romano con casi 12 millones de pesos, al considerar que existió responsabilidad de parte del Estado en el femicidio del que fue víctima la adolescente, a finales de 2020 en Maipú. 

A través de sus abogados, los padres y el hermano de la joven habían iniciado una demanda de 300 millones de pesos, aunque la conjueza Marina Lilen Sánchez desestimó esa cuantiosa suma que calificó de “desmesurada y alejada de las reglas propias del derecho civil” y redujo el monto a un total de $11.976.520, que deberá ser abonado en un plazo de diez días.

En el fallo, que se ventiló el martes, la magistrada del Tribunal de Gestión Asociada 3 sostuvo que existió “una omisión antijurídica al no observarse el cumplimiento de una manda legal expresa dispuesta en los Protocolos de actuación del CEO” y que eso “evidenció una conducta negligente y con impericia al no dar el tratamiento adecuado a la denuncia de la probable comisión de un delito muy ‘grave’ perpetrado contra una persona a la que el Estado debía proteger.

Además, destacó que “existía posibilidad material de actuar por parte del Estado, toda vez que se encontraba un móvil policial patrullando las inmediaciones y una comisaría 350 metros del lugar del hecho”.

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Por su parte, el fallo señaló que existió un daño patrimonial (psicológico) sobre los integrantes de la familia de Romano, destacando que en el caso de su madre hubo “importantes trastornos de la memoria, la concentración y la voluntad. Clara dificultad para desarrollar las actividades laborales y las actividades de la vida diaria: auto cuidado, higiene, función sexual, sueño, actividades sociales o recreativas, presentan disturbios”

En ese sentido, la conjueza determinó que la progenitora, Cristina Mompardo, presentaba una incapacidad del 30 por ciento. Mientras que, con respecto a su marido y su hijo, José y Matías Romano, les otorgó un 18 y 22 por ciento de incapacidad, respectivamente.

El caso

Florencia Romano fue asesinada a golpes en la siesta del sábado 12 de diciembre. Salió de su vivienda de Rodeo de la Cruz y se reunió con Pablo Arancibia, quien la había contactado a través de las Instagram y la invitó a pasar la tarde en su casa de Gutiérrez.

Al parecer, una vez que la menor llegó a su domicilio, Arancibia intentó abusar de ella y la mató cuando opuso resistencia.

Después de la brutal agresión que le quitó la vida a Florencia, el femicida incineró parte del cadáver y arrojó los restos en un sector de la calle Alsina de Maipú.

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Tres días después de la desaparición de la chica, en los que se hizo una intensa búsqueda en esa zona de Maipú, Arancibia fue detenido porque todas las pruebas apuntaban en su contra.

Luego de que el sospechoso quedó tras las rejas, pasaron unas 48 horas hasta que se logró hallar el cadáver de la víctima, que estaba en el interior de un cauce de riego. 

El caso de Florencia Romano generó una profunda indignación en la sociedad mendocina, más aún cuando se conoció que existió una comunicación con la línea de emergencias 911, minutos antes de que fuera asesinada.

En ese llamado, un vecino alertó sobre una situación de violencia de género en el domicilio de Arancibia, pero la operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la auxiliar Soledad Herrera, desestimó el llamado y no alertó sobre la situación a las movilidades de la zona.

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Por ese motivo, la efectivo fue apartada de su cargo y en octubre del año pasado fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en el contexto de violencia de género institucional.

Algunos meses antes, en junio del 2021, Pablo Arancibia terminó sentenciado a prisión perpetua después de reconocer la autoría en un juicio abreviado.