Los guanacos muertos y el comisario inspector (r) imputado, Alejandro Olivera.

Para el 26 de junio del 2010, Alejandro Olegario Olivera Altamirano (60), era comisario inspector de la Policía de Mendoza y jefe de la Departamental Capital. José Luis Vera (49) ostentaba la jerarquía de cabo y prestaba servicios como chofer en ese destino. Ese día, minutos después de las 18 y luego de que un trabajador del sector de viviendas del Hotel Villavicencio, ambos fueron sorprendidos en un puesto fijo de la ruta 52 por personal de Guardaparques de la reserva natural ubicada en Las Heras mientras transportaban en la cajuela de una camioneta Ford Ranger blanca una pareja de guanacos muertos.

Cinco civiles más circulaban en el rodado. Con el paso de las horas, se determinó que los mamíferos habían sido cazados con un FAL calibre 7.62. Tanto el vehículo como el fusil pertenecían a la institución policial. El caso se transformó en un escándalo hace casi 14 años; tanto es así que le costó la carrera al comisario inspector.

Se volvió a caer “el juicio más largo de la historia”

Los abogados con años de pasillo en los Tribunales provinciales que conocen la causa se ríen cada vez que se les pregunta si hubo una resolución. Sostienen que no le encuentran sentido a un expediente sin sentencia a más de nueve años…

Los uniformados fueron separados por el otrora ministro de Seguridad Carlos Aranda, imputados por el Ministerio Público y llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados a principios de junio del 2019. Sin embargo, la causa se terminó dilatando por presentaciones de la defensa, solicitando la prescripción de las calificaciones o la suspensión de juicio a prueba; cambio de fiscales y hasta la enfermedad de un juez.

A pesar del tiempo transcurrido, el llamado “caso más largo de la historia” local no está del todo cerrado y se espera que tenga una resolución en los próximos meses.

El viernes presentó novedades de importancia cuando la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Mariana Pedot, requirió nuevamente que Olivera Altamirano y Vera, quienes ya no forman parte de la fuerza y se encuentran retirados, se sienten finalmente en el banquillo de los acusados y respondan por los delitos que les viene endilgando la Justicia desde hace muchos años.

La pareja de guanacos fue acribillada con un FAL calibre 7.62. La hembra se encontraba preñada.

Olivera permanece acusado por peculado y Vera por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre en concurso real con peculado, se desprende de la citación a juicio a la que accedió El Sol y que tiene al abogado Juan Franco Ferraris como querellante particular en representación de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal.   

Básicamente, Olivera y Vera eran policías en actividad (funcionarios públicos), tenían bajo custodia una movilidad doble cabina de la Departamental de Godoy Cruz y un FAL de Infantería (elementos que pertenecen al patrimonio estatal destinados a la seguridad pública y que habían solicitado para, supuestamente, dirigirse a practicar tiro). Además, fueron detectados después de matar guanacos, cuya caza está prohibida (la hembra se encontraba preñada, llevando un feto macho de 30 centímetros en su vientre) en un área protegida por ley denominada Los Castaños.

Las defensas de los acusados, a cargo de la defensora oficial Fernanda González (Vera) y Carlos Reig y Andrés Godoy (Olivera), podrían oponerse al nuevo requerimiento de elevación a juicio para que un tribunal defina la situación procesal.