Quince años después de un hecho que causó conmoción en Mendoza, la Justicia decidió cerrar el expediente contra dos policías que habían sido acusados de cazar guanacos dentro de la reserva natural de Villavicencio, en Las Heras.
Este martes a las 13, la jueza Mariana Gardey resolvió sobreseer al comisario retirado Alejandro Olegario Olivera y al cabo José Luis Vera, quienes fueron sorprendidos en 2010 con otras cuatro personas con una pareja de estos camélidos abatidos en la caja de una camioneta oficial de la Policía.
La resolución se ventiló durante una audiencia de oposición a debate celebrada en el Polo Judicial. Las defensas de los imputados pidieron el sobreseimiento bajo el argumento principal de que ya habían transcurrido 15 años desde el inicio de la instrucción y que ese tiempo de incertidumbre había generado perjuicios irreparables para sus defendidos.
Gardey compartió en parte la postura a la hora de resolver y dio por concluida la causa al dictar el sobreseimiento, sin llegar al juicio oral que durante más de una década y media reclamaron el Ministerio Público y la querella. La magistrada, de todas formas, aclaró que se trataba de hechos de gravedad. El paso del tiempo terminó por beneficiarlos.
El expediente se había ganado el mote de “el más largo de la historia” debido a una sucesión de factores que impidieron la realización del proceso oral. A lo largo de estos años se acumularon planteos de prescripción, recusaciones, cambios de fiscales y hasta la enfermedad de un magistrado, lo que derivó en múltiples dilaciones.
Los acusados principales nunca llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados, pese a que el caso fue símbolo de escándalo institucional y ambiental.
El origen de la causa se remonta al 26 de junio de 2010. Ese día, Olivera, entonces jefe de la Departamental Capital, y Vera, cabo chofer de la misma, fueron interceptados por guardaparques en un puesto de control de la ruta 52.
Viajaban en una camioneta Ford Ranger de la Policía de Mendoza y trasladaban dos guanacos muertos que habían sido cazados con un fusil FAL 7.62, también perteneciente a la fuerza. La hembra estaba preñada, lo que agravó la indignación pública al confirmarse que llevaba un feto macho de 30 centímetros en su vientre. Los animales fueron acribillados.
El hecho provocó un impacto inmediato en el ámbito policial y político. El entonces ministro de Seguridad, Carlos Aranda, dispuso la separación de los uniformados, que además fueron imputados por el Ministerio Público.
En el inicio, había seis acusados en total, pero con el tiempo la situación procesal fue resolviéndose de distintas maneras: algunos fueron beneficiados por la prescripción y otros accedieron a suspensiones de juicio a prueba.
En el tramo final del proceso, Olivera enfrentaba una acusación por peculado, mientras que Vera estaba imputado por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, en concurso con peculado. Sin embargo, la demora en la realización del juicio terminó por favorecerlos.
El abogado querellante Juan Franco Ferraris, en representación de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal, fue uno de los pocos que insistió en los últimos años para que los imputados respondieran por los delitos.
También la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Mariana Pedot, reclamó en más de una oportunidad que el expediente llegue a juicio. Pese a esos esfuerzos, el paso del tiempo y las estrategias defensivas resultaron determinantes.
La resolución de Gardey sentenció que no hay nada más por hacer. De todos modos, aún existe la mínima posibilidad de que la fiscalía o la querella recurran la decisión y busquen que un tribunal penal colegiado revise el sobreseimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos y los 15 años transcurridos desde iniciadas las actuaciones, resulta improbable que el fallo sea revertido.
Así las cosas, el caso que había comenzado como un emblema en la defensa de la fauna silvestre y en la discusión sobre el uso indebido de recursos estatales, terminó clausurado sin que los principales acusados enfrenten un juicio.
Esta resolución, destacaron fuentes consultadas por El Sol, confirmó cómo la demora procesal puede, en los hechos, convertirse en la mejor defensa.