La investigación que expuso el fiscal federal Fernando Alcaraz puso al descubierto una modalidad de trata de personas que, según se ventiló en el debate oral, reemplazó los escenarios tradicionales de explotación por plataformas digitales, transmisiones en vivo y pagos con criptomonedas. Tras más de dos años de trabajo, el expediente llegó a juicio con 37 mujeres identificadas como víctimas y con un planteo que busca sentar un precedente sobre cómo las organizaciones criminales adaptaron su funcionamiento a las nuevas tecnologías.
El juicio transita su etapa final en el Tribunal Oral Federal de San Juan. El Ministerio Público Fiscal solicitó que el abogado Gustavo Antonio de la Fuente y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina sean condenados a 12 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
También pidió una reparación económica superior a los 1.152 millones de pesos para las víctimas, el decomiso de bienes y la eliminación de todo el contenido que continúe circulando en plataformas digitales, tal como informó el portal fiscales.gob.ar
El comienzo de la investigación
La pesquisa comenzó en marzo del 2022 a partir de una denuncia anónima y, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que, según la acusación, captaba mujeres mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales.
Las propuestas prometían empleos como modelos e ingresos en moneda extranjera, aunque el caso sostiene que el verdadero objetivo era incorporarlas a un circuito de explotación sexual por internet.
Durante los alegatos, el fiscal Alcaraz sostuvo que este caso demuestra que las organizaciones dedicadas a la trata modificaron sus métodos para aprovechar el alcance global de las plataformas digitales. “Las formas de explotación van mutando. Ahora están virando hacia los entornos virtuales”, afirmó al explicar que el negocio dejó de depender exclusivamente de lugares físicos para expandirse a través de servicios de streaming especializados.
Según la acusación, las mujeres eran incorporadas con identidades digitales creadas especialmente para operar en plataformas internacionales como Stripchat, Chaturbate, Cam4, Camsoda, Bongacams y Streamate.
Allí realizaban transmisiones sexuales en vivo mientras los usuarios pagaban mediante tokens y criptoactivos, un sistema que, de acuerdo con la fiscalía, multiplicaba las ganancias de la organización y ampliaba el mercado de consumidores a escala internacional.
La investigación también incorporó evidencia sobre el uso de dispositivos sexuales interactivos que podían ser controlados de manera remota por los usuarios durante las transmisiones. Para el Ministerio Público Fiscal, esa tecnología representó una nueva dimensión de la explotación, ya que permitía una interacción directa con las víctimas sin que existiera contacto físico entre ambas partes.
Otro de los aspectos reconstruidos durante la instrucción fue el circuito económico de la organización. La fiscalía expuso que los acusados retenían al menos la mitad de los ingresos generados por las transmisiones y aplicaban descuentos por distintos conceptos, entre ellos ausencias, llegadas tarde, cansancio e incluso el período menstrual. Para la fiscalía, esas condiciones reflejan el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres para maximizar el beneficio económico.
El juicio concluirá el próximo 2 de julio, cuando el juez Daniel Doffo dé a conocer el veredicto. Más allá de la decisión sobre los acusados, el expediente se convirtió en uno de los casos más relevantes sobre trata de personas en entornos digitales, al exponer cómo las nuevas tecnologías, las plataformas de streaming y los activos virtuales transformaron, según la acusación, las formas de explotación sexual y los desafíos para investigarlas.