Raúl Daniel Bressi Escalante volverá a enfrentar un juicio por amenazas contra una funcionaria judicial, una nueva acusación que se suma a sus antecedentes por narcotráfico y a la condena que recibió a fines del 2023 por intimidar a jueces y a una fiscal durante otro proceso en su contra.
El nuevo expediente tiene como protagonista a una secretaria de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el jefe narco la amenazó telefónicamente el 17 de noviembre del año pasado, mientras permanecía alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
El caso avanzó ahora hacia la instancia de juicio oral después de que el camarista Manuel Alberto Pizarro rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa oficial representada por Leonardo Pérez Videla y declarara admisible la acusación fiscal.
El magistrado consideró que no estaban dadas las condiciones para cerrar la causa y dispuso que el planteo sea discutido durante un debate unipersonal, en el que se producirán las pruebas de ambas partes. La fiscalía calificó el hecho como amenazas simples y solicitó una pena de dos años de prisión.
Una fiscal y una jueza están con custodia policial por amenazas de un jefe narco
Tenía el rostro desencajado. Estaba fuera de sí. Nervioso y agresivo. Amenazó e insultó a la fiscal de Cámara y venía realizando este accionar contra la presidenta del tribunal federal que lidera un nuevo juicio en su contra y tuvo que…
Una llamada de 16 minutos desde el penal
La comunicación que originó la nueva causa comenzó a las 10.09 del 17 de noviembre del año pasado y se extendió durante aproximadamente 16 minutos. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, durante la conversación, Bressi Escalante realizó una serie de manifestaciones dirigidas a intimidar a la secretaria, con referencias a su vida cotidiana, su familia y los contactos que aseguraba tener fuera de la cárcel.
Entre otras expresiones, le habría advertido que no podría caminar tranquila por la calle y que tendría que mirar hacia todos lados. También hizo referencia a las salidas familiares de la funcionaria y afirmó que contaba con numerosos contactos.
En otro tramo de la conversación, sostuvo que un familiar estaba grabando el intercambio y se describió como una persona poderosa. Incluso, según la acusación, aseguró que podía continuar manejando la venta de drogas por teléfono pese a encontrarse privado de la libertad. Para intentar relativizar el alcance de sus dichos, habría afirmado que se trataba de “avisos y no amenazas”.
Las expresiones provocaron temor en la funcionaria, tanto en el ámbito personal como en el laboral, se desprende de la causa. La situación derivó en su apartamiento de la causa vinculada al propio Bressi Escalante.
La defensa no cuestionó que la comunicación telefónica hubiera existido, pero sostuvo que el intercambio se produjo en medio de una discusión por reclamos que, según su postura, no habían recibido respuesta.
Entre ellos mencionó problemas vinculados con el estado de salud del detenido y la provisión de insumos médicos durante su alojamiento en prisión.
Con ese argumento, solicitó el sobreseimiento al considerar que los dichos no configuraban un delito, sino una reacción de enojo. Sin embargo, Pizarro entendió que esa interpretación no alcanzaba para clausurar definitivamente el proceso en la etapa de control de la acusación.
El juez señaló que la discusión central consiste en determinar si las manifestaciones atribuidas al acusado constituyeron una amenaza penalmente relevante o si, como sostiene la defensa, fueron parte de un reclamo airado. Esa controversia deberá resolverse en el juicio, mediante las declaraciones de la víctima y de los testigos, la prueba tecnológica y el descargo del imputado.
La condena por amenazas a jueces y una fiscal
El antecedente más directo de este nuevo expediente se remonta al 2022, cuando Bressi Escalante estaba siendo juzgado por una causa de narcotráfico. En ese contexto, protagonizó dos episodios de amenazas contra funcionarios judiciales que terminaron con una condena a tres años de prisión efectiva en diciembre del 2023.
El primer hecho ocurrió el 16 de febrero del 2022, cuando llamó desde la cárcel al Tribunal Oral Federal N° 2. La comunicación fue atendida por un auxiliar, ante quien manifestó su disconformidad con el tratamiento médico que recibía mientras estaba detenido.
El reclamo escaló hasta convertirse, según la acusación que luego admitió, en una intimidación contra los jueces que intervenían en su debate.
Bressi aseguró que no le costaba nada mandar a golpear a los magistrados, que sabía dónde vivían y que podía manejar sus operaciones desde el penal. También hizo referencia a las grandes cantidades de marihuana que decía introducir en Mendoza.
Meses después, el 5 de agosto de ese año, volvió a protagonizar un episodio durante una audiencia del juicio. Esta vez, el blanco fue la fiscal general María Gloria André, a quien le lanzó una frase intimidatoria: “Acordate que me la cobro culiada, vas a ir a mirar vidrieras con custodia“, le dijo tal como reveló este diario.
Tras ese episodio, el personal penitenciario debió retirarlo de la sala. La gravedad de las amenazas llevó a que André y la jueza María Paula Marisi contaran con custodia policial en sus domicilios y lugares de trabajo.
Además, las audiencias en las que participaba Bressi se desarrollaban bajo un importante operativo de seguridad.
Pese a las intimidaciones, el acusado terminó enviando un escrito por correo electrónico a los jueces para pedir disculpas por sus dichos.
La causa por esos dos hechos concluyó en diciembre del 2023 mediante un juicio abreviado, en el que Bressi Escalante admitió su responsabilidad.
La jueza subrogante del Juzgado Federal N° 3, Susana Beatriz Pravata, homologó el acuerdo alcanzado por las partes y le impuso tres años de prisión efectiva por dos hechos de amenazas en concurso real. También declaró su reincidencia.
Los cargamentos que marcaron su historial
La trayectoria judicial de Bressi Escalante está vinculada principalmente con investigaciones por narcotráfico. Su nombre comenzó a adquirir notoriedad en Mendoza en el 2017, cuando una pesquisa de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) permitió secuestrar 825 kilos de marihuana en una casa de Los Corralitos, en Guaymallén.
El procedimiento, conocido como Operación Vendimia, permitió descubrir que los paquetes de cannabis compactado estaban almacenados en el living de una casa donde residía una familia.
La investigación ubicó a Bressi como el hombre que coordinaba los movimientos de grandes cantidades de droga y lideraba una organización dedicada al traslado de los cargamentos, con contactos en Paraguay y Chile.
Por ese expediente, el 13 de junio del 2018 recibió una condena de 14 años de prisión junto con otros integrantes de la banda.
Pero la pesquisa no terminó allí. Mientras permanecía detenido, surgió otra causa a partir de una compulsa remitida por el Juzgado Federal N°2 de San Juan, que detectó maniobras vinculadas con el tráfico de estupefacientes. El caso quedó a cargo de Gendarmería Nacional y avanzó mediante escuchas telefónicas.
Los detectives determinaron que un cargamento de marihuana había partido desde Formosa con destino a Mendoza, oculto en un camión que transportaba arroz a granel. El 17 de febrero del 2020, el vehículo fue interceptado en Córdoba luego de sufrir diversos problemas mecánicos.
En su interior encontraron 2.474 ladrillos de marihuana, con un peso total de 2.284 kilos. Por esa investigación, Bressi Escalante recibió otra condena, de 19 años de prisión, mientras que su hijo Matías fue sentenciado a cuatro años de encierro.
Ahora, el jefe narco deberá afrontar un nuevo juicio, esta vez por la llamada realizada desde Marcos Paz en noviembre del año pasado.
La acusación fiscal sostiene que las expresiones dirigidas a la secretaria constituyeron amenazas simples y reclama dos años de prisión.