El médico ginecólogo de 35 años que hacía la residencia en el Hospital Central y fue detenido a fines de mayo por distribución de pornografía infantil a través de la web y abuso sexual sumó una tercera imputación en su contra por parte del fiscal especial Santiago Maximiliano Garay.

Lo acusaron por el delito de corrupción de menores al descubrirse un nuevo vejamen contra un niño durante los peritajes a los elementos tecnológicos que le secuestraron en su casa de Las Heras. De esta forma, gracias al análisis minucioso que hicieron los pesquisas de fotos y videos que guardaba celosamente en su computadora, pendrives y DVD, a Claudio César Flores le han comprobado hasta ahora hechos contra dos pequeños varones.

El magistrado lo imputó el martes por la mañana por corrupción de menores porque todavía la familia del niño identificado no ha instado la acción penal (son delitos de instancia privada), pero este avoque inicial podría modificarse y pasar a abuso sexual si esto se concreta finalmente.

El magistrado lo imputó el el martes por la mañana por corrupción de menores porque todavía la familia del niño identificado no ha instado la acción penal.

Así las cosas, Flores, quien fue arrestado en su casa del barrio Aeroparque la mañana del jueves 28 de mayo después de un allanamiento que le realizaron 20 días antes, está acusado por tráfico de material pornográfico infantil a Europa, abuso sexual gravemente ultrajante contra un niño que tenía, en su momento, 3 años y por corrupción de menores ante el hallazgo de un nuevo caso. 

Después de la nueva acusación fiscal, la defensa del profesional detenido, a cargo de Pablo Cazabán, presentó un control jurisdiccional ante la segunda instancia, buscando la libertad de su cliente.

El médico, quien se encontraba en el tercer año de residencia en el hospital público más grande la provincia, está actualmente en la cárcel, y su situación procesal, de no ser modificada en la Justicia de Garantías, es muy complicada. 

El fiscal especial Garay comenzó a instruir una denuncia que ingresó a su despacho –es el encargado en la provincia de investigar todos los delitos relacionados a la pedofilia– que sostenía que desde una IP de Mendoza se estaba compartiendo en internet material prohibido con un usuario de Suiza, a través de una red privada. 

Tal como explicaron los pesquisas cuando se conoció la captura de Flores, el tráfico de archivos que realizaba (videos y fotos) era vía peer to peer –P2P–, es decir, de forma personal de un dispositivo a otro. Estas redes, que integran pedófilos a nivel mundial para tratar de no ser detectados, permiten el intercambio directo de archivos sin importar el formato entre ordenadores interconectados.

Como el fiscal mantiene contacto con Interpol, le notificaron lo que sucedía con un usuario y se abocó en la investigación. Si bien el magistrado ha iniciado 40 expedientes desde el año pasado por hechos similares, este pareció más grave y buscó pruebas para descubrir cuál era la IP denunciada desde la Policía Internacional. 

“Estaba confiado de que no le iban a encontrar nada”, dijo un pesquisa.

Mediante intercambio de información con las compañías telefónicas, se logró situarla y ordenaron un allanamiento. A principios de mayo, los policías fueron hasta la casa del médico y secuestraron todo el material electrónico que había en la pieza donde dormía (vivía con sus padres). 

“Estaba confiado de que no le iban a encontrar nada”, dijo un pesquisa, pero los profesionales de la División Delitos Tecnológicos de Investigaciones dieron con miles de imágenes pornográfica guardadas en los discos duros internos y externos. 

En una análisis hormiga ­–carpeta por carpeta y archivo por archivo– se descubrió prima facie que se había sacado fotos tipo selfie –seguramente para compartir con usuarios de otros países– con un niño que no superaba los 3 años. Ambos estaban desnudos y el mayor realizaba actos de tocamiento y penetración. El fiscal y los detectives lograron identificar a la criatura y confirmaron que actualmente tiene 10 años. Ubicaron a su madre y el jueves 28 la citaron a la fiscalía. 

Garay pidió que hicieran capturas de los rostros que se veían en las imágenes y se las mostró a la mujer. Primero le hizo ver la cara del sujeto, a quien dijo conocer, y luego la del pequeño, y sentenció que era su hijo. El fiscal detuvo el encuentro y ordenó la detención del médico porque estaba frente a un abuso sexual. Confirmada la captura, el pesquisa le comunicó a la mujer la investigación y le mostró las fotos completas. La madre del niño entró en shock y tuvo que ser contenida por los presentes. 

La acusación, en ese momento, fue por tráfico de pornografía en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante. Pasaron las horas, y los estudios en los archivos personales del médico continuaron. Así, hace pocas horas detectaron un caso similar al primero, con otro menor de edad, y se sumó la nueva calificación en su contra.

Define el juez

Después de las notificaciones de las tres imputaciones que pesan sobre el médico ginecólogo de 35 años, la defensa presentó un control jurisdiccional ante la Justicia de Garantías. Ya lo había hecho ante el fiscal especial Santiago Garay y la respuesta no fue positiva.
 
Esta presentación busca que se revise la instrucción para lograr la libertad de un detenido. En este caso, quien definirá si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación es el titular del Sexto Juzgado de Garantías, David Mangiafico. 

Corrupción de menores

El artículo 125 del Código Penal tipifica: “El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a diez años”. 

Y agrega: “La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años”.