La primera aplicación de la resolución conocida como “antiaguantaderos” se concretó en Godoy Cruz, donde personal policial ejecutó el cierre y tapiado de una vivienda ocupada ilegalmente en el barrio Bancario.
El inmueble, ubicado sobre calle Reconquista, había sido tomado días atrás y fue intervenido en el marco del nuevo protocolo administrativo que habilita acciones preventivas sobre propiedades consideradas un riesgo para la seguridad y la convivencia.
El procedimiento fue coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Godoy Cruz, y se desarrolló con presencia de autoridades policiales y municipales.
Según se informó oficialmente, la medida se adoptó tras la detección de la ocupación y ante la necesidad de evitar que el lugar se consolidara como punto de resguardo para personas vinculadas a hechos delictivos en la zona.
La intervención se produjo semanas después de la firma del primer convenio de colaboración entre la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente Diego Costarelli, dentro del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana.
El instrumento, oficializado a fines de enero en el Boletín Oficial, establece un protocolo para actuar sobre inmuebles abandonados, en estado de ruina o con usos conflictivos, sin afectar el derecho de propiedad de sus titulares.
El director general de Policía, Marcelo Calipo, explicó que “en un trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz, estamos realizando el cierre de un domicilio que había sido ocupado por delincuentes que se albergaban en la zona”.
En la misma línea, la directora de Participación Comunitaria, Milagros Suarez, señaló que se trata “del primer procedimiento bajo el nuevo protocolo de actuaciones por usurpación” y remarcó el acompañamiento de los vecinos.
Desde la fuerza indicaron que la actuación incluyó tareas administrativas y operativas orientadas a restituir la propiedad a su dueño legítimo. El jefe policial de la Distrital I, Mario Rilli, sostuvo que el objetivo es “recuperar la vivienda para su titular”, al tiempo que destacaron que la herramienta busca agilizar respuestas ante situaciones que generen focos de conflicto en barrios residenciales.