Una investigación del Ministerio Público Fiscal de San Juan destapó una maniobra delictiva que combinó recursos estatales, datos biométricos falsos y un esquema de estafas que superó los 156 millones de pesos. En el centro del caso aparece una funcionaria del Registro Civil de Pocito, imputada como pieza clave en la confección de documentos de identidad auténticos, pero con datos apócrifos que luego se usaban para tramitar créditos y adquirir bienes revendidos en el mercado informal.
El expediente, encabezado por el fiscal Fernando Alcaraz, de la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Complejos, reveló un funcionamiento meticuloso: la red incorporaba fotografías y huellas falsas en el sistema oficial, generando documentos de identidad válidos desde el punto de vista material, pero ideológicamente falsos.
Con esa documentación, los integrantes del grupo se hacían pasar por otras personas y operaban con total normalidad ante bancos, comercios y entidades crediticias.
El caso salió a la luz a fines de 2024, cuando una mujer oriunda de Buenos Aires descubrió que alguien había tomado un préstamo y realizado compras en su nombre usando un documento que llevaba su número, pero no su rostro. Esa denuncia llevó a los investigadores directamente al Registro Civil de Pocito, donde la trazabilidad de los trámites reveló movimientos anómalos en el sistema de identificación nacional.
El escándalo no tardó en escalar. El allanamiento a la oficina pública y la detención de la funcionaria responsable motivaron una auditoría interna del Registro Nacional de las Personas, que detectó 22 nuevos casos similares, muchos de ellos en grado de tentativa. El hallazgo confirmó que las irregularidades no eran un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio y sostenido durante al menos un año.
Con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional, los fiscales profundizaron la pesquisa y realizaron diez allanamientos a fines de septiembre. En esas medidas se secuestraron teléfonos, electrodomésticos y bicicletas adquiridos mediante los créditos fraudulentos, además de concretarse nuevas detenciones de presuntos integrantes de la asociación ilícita.
La estructura operaba con división de roles. Algunos reclutaban personas dispuestas a prestar sus datos biométricos a cambio de dinero, otros gestionaban los trámites en el Registro Civil, y un tercer grupo se encargaba de usar los documentos falsos para realizar operaciones comerciales. Según la fiscalía, entre agosto de 2024 y mediados de 2025 el grupo consolidó un circuito económico paralelo basado en identidades ficticias.
Durante la audiencia de formalización celebrada a fines de septiembre, el juez Leopoldo Rago Gallo avaló el planteo de la fiscalía y dictó la prisión preventiva de la funcionaria y otros dos hombres. Cuatro mujeres y dos varones quedaron en libertad con medidas restrictivas, mientras continuaba la búsqueda de un imputado prófugo que ya había sido condenado por narcotráfico.
El fiscal Alcaraz advirtió en el portal fiscales.gob.ar, que el caso tiene una gravedad institucional inédita para San Juan. Dijo que no solo afectaba el patrimonio de particulares y entidades financieras, sino que comprometía derechos esenciales como la identidad, la fe pública y el ejercicio de los derechos civiles y políticos.