Una nueva imputación judicial complicó aún más la situación de los líderes de una de las organizaciones narcocriminales más importantes que fue desbaratada en Mendoza durante 2019. La investigación federal sumó evidencias contra Damián Morales y Lorena Estefanía Moyano, quienes ya cumplen una condena de 13 años de prisión por tenencia de drogas con fines de comercialización, al detectar que habían adquirido un predio con tres cabañas y pileta en la zona de Blanco Encalada, Luján de Cuyo, mientras se encontraban en actividad.
Según determinaron los investigadores de la Justicia y la Policía Federal, la propiedad habría sido comprada con las ganancias provenientes de la venta de estupefacientes, principalmente cocaína, LSD y marihuana, lo que motivó una investigación por lavado de dinero.
La nueva acusación surgió luego de que efectivos de la Brigada de la Policía Federal realizaran recientemente una serie de allanamientos en la zona. El análisis de teléfonos celulares y documentación secuestrada permitió establecer en principio el presunto vínculo entre el dinero proveniente del narcotráfico y la adquisición de estos bienes inmuebles.
La historia de esta organización criminal comenzó a escribirse a fines de 2019, cuando una investigación de la Policía Federal logró desarticular al clan narco conocido como “La Familia”.
Las escuchas telefónicas fueron cruciales para exponer el funcionamiento de una estructura delictiva que operaba con la precisión de una empresa en el Gran Mendoza, utilizando incluso códigos propios para referirse a las dosis de estupefacientes que comercializaban, tal como reveló El Sol.
En aquellos días de noviembre de 2019, la caída de la banda generó fuerte repercusión en la provincia. Morales, actualmente con 43 años, y su pareja Moyano, de 34, fueron detenidos en su domicilio ubicado en pleno centro de Godoy Cruz, sobre calle Colón.
Las pruebas recolectadas durante semanas de investigación dejaron al descubierto que ambos coordinaban una compleja red de distribución de drogas, impartiendo órdenes sobre un grupo de “deliveries” que se encargaban de llevar los estupefacientes hasta el domicilio de los compradores.
La organización había desarrollado un particular sistema de trabajo donde utilizaban la palabra “lomo” o “lomito” para referirse a las dosis de droga a la venta. Las escuchas telefónicas revelaron incluso el nivel de profesionalismo con el que operaban.
En una de las conversaciones interceptadas, Moyano le daba precisas instrucciones a uno de sus distribuidores sobre cómo tratar a los clientes: “Es gente muy sensible, es gente que está acostumbrada a que nosotros le digamos ‘hola milito, cómo le va'”, se la escuchaba decir en los diálogos, enfatizando la importancia del buen trato en su negocio ilegal.
El poderío de la banda quedó en evidencia el 12 de noviembre de 2019, cuando los allanamientos permitieron incautar 15 kilos de marihuana, 6 kilos de cocaína y 500 dosis de LSD. Además, se secuestraron siete vehículos de alta gama que eran utilizados para el transporte de las sustancias, diversas armas de fuego y 2,5 millones de pesos en efectivo, producto de las ganancias de la organización.
En la estructura criminal también jugaba un papel importante Mirtha Liliana Jofré, de 60 años, madre de Morales. La mujer, que permaneció prófuga durante meses hasta su captura en el barrio Los Milagros de Guaymallén, colaboraba con el acopio y la comercialización de las sustancias prohibidas.
El grupo contaba además con distribuidores de diverso origen, entre ellos un ciudadano belga. Edouard Pierre Jules Sebastien Funck Segovia, nacido en Bruselas y apodado “Gallego” por su particular forma de hablar, era uno de los encargados de realizar las entregas, junto a Neri Alberto Navarría, alias “Mozo“, y Sergio Edgardo Rayes Figueroa, quien operaba en conjunto con su pareja, Anabel Daniela Muñoz.
Tras semanas de debate, el Tribunal Oral Federal Nº2, integrado por los jueces Roberto Nacif, Héctor Cortés y Pablo Salinas, sentenció a los responsables. Las penas más duras recayeron sobre Morales y Moyano, condenados a 13 años de prisión cada uno, tal como había solicitado la fiscal de Cámara María Gloria André.
“Lili” Jofré recibió una pena de seis años y medio de cárcel, mientras que el “Gallego” Funck Segovia, el “Mozo” Navarría y Rayes Figueroa fueron condenados a 6 años cada uno. Muñoz recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.
La nueva imputación por lavado de activos avanzó cuando luego de trabajos de la fiscalía, a cargo de Fernando Alcaraz, y los policías federales, ya que surgieron después de la condena y el análisis patrimonio de la organización.